Latinos enfrentan costos elevados por internet
La discriminación digital daña el crecimiento de nuestra comunidad; tanto Sacramento como el condado de Los Ángeles pueden ayudar a las ciudades
El acceso a internet es un problema para las comunidades vulnerables. Crédito: Shutterstock
Muchos latinos se están quedando rezagados en la revolución informática. No tienen el acceso a un servicio de internet adecuado para poder aprovechar la información imprescindible para progresar en la era digital. En mis décadas de trabajo en Los Ángeles, he visto cómo la brecha digital afecta aquí a la comunidad latina.
Me he sentado con padres comprometidos y defensores de la comunidad local que no pueden participar plenamente en la vida cívica o perseguir sus objetivos debido a un servicio de Internet poco fiable o se ven obligados a tomar la difícil decisión de cortar su servicio debido a tarifas inasequibles.
El acceso a internet asequible y de alta velocidad es esencial para acceder a la educación, la salud, los recursos públicos y participar plenamente en las oportunidades económicas y la que los hogares no tienen internet, empeorando la brecha digital en las comunidades de minorías y bajos ingresos.
Esto es discriminación digital. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) la definió como la práctica de los proveedores de servicio que tratan a sus clientes de manera distinta, sin ninguna justificación técnica o económica. Por ejemplo, dando acceso diferente a internet de banda ancha basado en su nivel de ingresos, raza, etnia, color, religión u origen nacional o que pretendan tener dicho impacto diferencial. Una investigación reveló cómo los proveedores de servicios de Internet de 38 ciudades de todo el país, incluida AT&T en Los Ángeles, ofrecían conexiones de banda ancha de alta velocidad por el mismo precio que las lentas a distintos hogares de la misma ciudad en 2022.
En casi todos los casos, las comunidades con menos ingresos, e históricamente marginados tendían a recibir las peores ofertas de forma desproporcionada. En concreto, los Californianos de bajos ingresos pagan más por un servicio peor que los de las comunidades más ricas. La falta de recursos lleva a que no haya una competencia que obligue a los proveedores de Internet a rivalizar en servicio y precio.
El trato desigual está a la vista en Sureste de Los Ángeles (SELA) donde el sueldo familiar medio es de $40,292 dólares. En las regiones de SELA se ofrecían servicios de alta velocidad a un precio mayor que en Cerritos y San Marino. En South Gate, se descubrió que las tarifas eran distintas por un mismo servicio a muy poca distancia entre sí. En Vernon, son muy pocos los hogares, menos del 20%, con acceso a la banda ancha suficiente como para poder satisfacer sus necesidades básicas. En Maywood, entre 20% y 40% de los hogares no tiene acceso a una banda ancha con velocidades de descarga de 100 mbps. En Huntington Park, el 60% de los hogares no puede comprar una banda ancha similar.
Al mismo tiempo, un análisis de la California Community Foundation señaló que “las personas que viven en los communidades más pobres no sólo se les ofrece habitualmente un servicio más lento a precios más altos, sino que se les ofrecen contratos con peores términos y condiciones”, en referencia al proveedor en Charter Communications de Los Ángeles. En 2023, SELA también fue excluida de inversiones del Estado de California para recibir acceso a infraestructura de internet más alta en calidad, mientras que comunidades de altos ingresos recibieron priorización.
Ante este panorama en ABC comenzamos a trabajar con la Digital Equity LA Coalition con el fin de que las ciudades de Bell Gardens, Commerce, Cudahy, Maywood y South Gate enfrenten la discriminación digital siguiendo los pasos de la ciudad de Los Ángeles, que en Enero se convirtió en el primer centro urbano de Estados Unidos en combatir la discriminación digital.
En Los Ángeles se incluyó la discriminación digital en la categoría de actitudes discriminatorias que pueden ser investigadas por la ciudad. Los residentes pueden presentar sus denuncias ante el Departamento de Derechos Civiles, Humanos y Equidad municipal, a cargo de recopilar los datos demográficos de los denunciantes para informar y evaluar las tendencias.
Lamentablemente las ciudades del SELA no tienen los fondos necesarios debido a su tamaño para crear una estructura como la de Los Ángeles pese a las buenas intenciones. Esto se resuelve en Sacramento reconociendo la magnitud del impacto de la discriminación digital en California donde más de 2.5 millones de latinos no tienen acceso rápido a Internet.
Por ejemplo, el proyecto de ley AB 2239 de la asambleísta demócrata Mia Bonta quiere que California sea el primer estado en adoptar la definición de discriminación digital del FCC y abrir así el camino para obtener fondos estatales para corregir la desigualdad. Al mismo tiempo, es necesaria la participación de toda la comunidad para promover iniciativas para combatir la discriminación digital como lo hicieron los vecinos del Sureste de Los Angeles. Hay experiencias que compartir.
El condado de Los Ángeles tiene un papel para crear conciencia a lo largo de la región y movilizar a otras ciudades para que actúen con sus propias mociones. En esta era es indispensable tener acceso a una conexión rápida de internet.
Todo se hace a través de la computadora. Se aprende, se pagan cuentas, se comunica con la familia, se trabaja, se alienta la acción comunitaria, se provee información para formar decisiones propias en una Democracia participativa. No permitamos que los proveedores de servicios digitales convierten las comunidades latinas en vacíos informáticos porque ofrecen conexiones lentas o a precios diferenciados de otras áreas.
(*) Vanessa Aramayo es la directora ejecutiva de Alliance for a Better Community.
