Editores confían en que se aprueben medida para evitar que periódicos desaparezcan

En los próximos días se definirá el futuro de la medida AB 224 de la asambleísta del Valle de San Gabriel Blanca Rubio y el senador de Orange, Tom Umberg que amplía las exenciones de la ley AB 5 hasta el 2030 para que los editores de periódicos en California puedan emplear a reporteros y a repartidores de diarios como contratistas independientes, no como empleados. No hacerlo, podría significar un golpe demoledor que obligaría al cierre de periódicos comunitarios, dicen editores.

“La profesión periodística sigue enfrentándose a desafíos financieros a medida que hace la transición a plataformas digitales en vista de la mayor competencia en el mercado de los medios modernos”, dijo la asambleísta Rubio.

“La extensión de esta exención es un componente fundamental para estabilizar estas profesiones esenciales en su conjunto”.

Por tanto, señaló que esto beneficia y protege a periodistas, editores, trabajadores en la producción de noticias y repartidores de periódicos; y permitirá que cientos de publicaciones en todo el estado sigan prestando servicios a sus comunidades al brindarles acceso crítico a noticias y medios.

Se espera que entre hoy y el sábado 31 de agosto, la fecha límite que tiene la legislatura para aprobar o rechazar proyectos de ley en este ciclo legislativo, la AB 224 pueda ser votada a favor en el pleno del Senado y luego regresar a la Asamblea para un nuevo voto en torno a las enmiendas hechas .

Básicamente la propuesta amplía las exenciones permitidas por la ley AB 5 para que editores de periódicos puedan hacer uso de los servicios de los reporteros freelancers bajo el concepto de contratistas independientes no como empleados, debido a las características únicas de este mercado laboral y el papel que desempeñan al proveer información a las comunidades.

“Se debe aprobar esa extensión ya que los medios pequeños de comunicación son muy necesarios. Nosotros tenemos ese contacto y esa cercanía con la comunidad, pero no contamos con los recursos y la infraestructura, y nos vemos obligados a contratar escritores freelancers”, dijo Ellie Burgueño, directora de la revista Beyond Borders Gazette y el periódico Imperial Valley Insight en la región del Valle Imperial de California.

Señaló que la función desempeñada por los medios como los suyos es vital porque crean conciencia al tener ese vínculo con la comunidad, pero no los pueden forzar a contratar reporteros con todas las prestaciones porque no cuentan con los recursos financieros.

“Si el gobierno pone en nuestras manos las herramientas que necesitamos, entonces podemos contratar reporteros con todos los beneficios laborales, mientras tanto esperamos que se apruebe este proyecto de ley que nos da una extensión para que podamos contratar freelancers sin un límite en las historias que les podemos pagar”.

A favor de esta medida están la California News Publishers Association y Latino Media Collaborative; en contra está la California Federation of Labor Unions.

“Este proyecto de ley ampliaría la exención, que siempre se pensó que sería temporal, para los distribuidores de periódicos, hasta 2030. La extensión atraparía a esta fuerza laboral de bajos salarios indefinidamente en condiciones de trabajo peligrosas e injustas. Sería injusto para aquellos periódicos como Sacramento News & Review que tratan a sus conductores de reparto como empleados. Dejaría a los contribuyentes con la responsabilidad de pagar los beneficios de la red de seguridad que estos trabajadores necesitan y merecen”, dijo Sara Flocks, directora de campañas legislativas de la California Federation of Labor Union AFLO-CIO en una carta enviada a la asambleísta Rubio.

La oposición está basada en el impacto que la medida de Rubio y Umberg tendría en los repartidos de periódicos.

“Si bien la AB 5 no eximió a la industria de la distribución de noticias, un proyecto de ley complementario le dio a la industria de los periódicos un año adicional
para cumplir con la normativa. La distribución de periódicos es un trabajo peligroso. Encaja perfectamente en la decisión del tribunal como un trabajo
que es fundamental para el negocio. Estos trabajadores están tan mal pagados que los editores de periódicos fueron citados diciendo que son en su mayoría familias inmigrantes y que toda la familia trabaja para entregar los periódicos. Es por eso que la legislación solo preveía un año adicional bajo la prueba Borello antes de que la industria tenga que cumplir con la prueba Dynamex”.

La ley AB5 5 de la Asamblea de California extiende el estatus de clasificación de empleado a algunos trabajadores independientes; y fue diseñada para regular a las empresas que contratan trabajadores independientes en grandes cantidades, como Uber, Lyft y DoorDash.

La ley vigente exime a determinadas ocupaciones como a los periódicos hasta el 1 de enero de 2025.

Si la propuesta de Umberg y Rubio se convierte en ley, el plazo para que los periódicos puedan seguir contratando freelancers sin un límite en el número de sus historias por año, y sin obligación de hacerlos empleados de tiempo completo con todos los beneficios laborales que eso conlleva, se ampliará hasta el 2030. Este plazo da tiempo a que los periódicos se estabilicen y encuentren otras fuentes de financiamiento.

En sus argumentos a favor, la Latino Media Collaborative expone que los medios de comunicación están en una transición crítica.

“Nuestros miembros han adoptado nuevos modelos de distribución, al tiempo que mantienen las fuentes de ingresos tradicionales que sirven a nuestros lectores”.

Añaden que entre 2008 y 2018, hubo una disminución nacional del 68% en los ingresos por publicidad, y casi dos docenas de diarios cerraron en California en los últimos cinco años.

“Sin la extensión de la cláusula de extinción de la AB 224, las publicaciones que ya luchan por sobrevivir verán aumentar los costos entre un 40 y un 100%. Una encuesta reciente de publicaciones de California muestra que el 40% de las publicaciones tendrían que considerar
cerrar sus puertas para siempre, el 64%eliminaría las áreas de distribución, el 57% aumentaría los precios y el 71% reduciría el personal”.