Acusan a 68 supuestos miembros de una pandilla supremacista blanca de California
Acusan a 68 personas en el proceso contra decenas de miembros y asociados de una violenta pandilla supremacista blanca de California
El fiscal general Merrick Garland dijo que se asestó un golpe a la pandilla supremacista del Valle de San Fernando. Crédito: Mariam Zuhaib | AP
Sesenta y ocho personas han sido acusadas en una acusación formal del gran jurado federal que detalla los presuntos delitos cometidos por los Peckerwoods en el Valle de San Fernando, una pandilla callejera de supremacismo blanco que, según los fiscales, mantiene una alianza con la pandilla carcelaria La Mafia Mexicana, en California y cuyas actividades se califican como terrorismo doméstico.
El miércoles, funcionarios del FBI se unieron a fiscales federales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el centro de Los Ángeles para anunciar el arresto de 42 personas en relación con la investigación, incluidos 29 acusados arrestados ese mismo día en redadas en el área de Los Ángeles.
Se esperaba que esos acusados fueran procesados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el centro de Los Ángeles más tarde el miércoles, mientras que los otros 13 permanecen bajo custodia.
Un total de 68 personas fueron acusadas en una acusación formal de 76 cargos emitida por un gran jurado el 26 de septiembre.
Según los fiscales federales, los Peckerwoods en el Valle de San Fernando han sido acusados de un patrón de años de crimen organizado, tráfico extenso de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y fraude de préstamos COVID-19.
La acusación formal, que se dio a conocer el miércoles, detalla la incautación de decenas de libras de fentanilo, heroína y metanfetamina, así como varias armas de fuego ilegales.
La banda supuestamente trabajaba con otros grupos del crimen organizado con base en las prisiones de California.
“Como banda de supremacía blanca, los Peckerwoods a veces reciben órdenes de la Hermandad Aria, la banda supremacista blanca dominante en las prisiones de California, y mantienen una alianza con la banda carcelaria Mafia Mexicana, que controla la mayoría de las bandas callejeras latinas en California”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado en el que se anunció la acusación formal.
Los fiscales federales alegan que la banda defiende una ideología supremacista blanca violenta y utiliza tatuajes, grafitis e iconografía nazi, como esvásticas e imágenes de aviones nazis, para lograrlo.
Cuando los fiscales publicaron imágenes de los acusados durante una conferencia de prensa el miércoles, la frase “Operación Odio Uno Ocho” figuraba sobre las fotos. Un código de área común en el Valle de San Fernando, donde supuestamente tiene su base la banda, es el 818.
Los pandilleros también generaron ingresos a través de robos, esquemas de robo de identidad y fraude financiero, incluidas solicitudes falsas de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago, que se pusieron a disposición para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
“La proliferación del crimen organizado relacionado con las pandillas deteriora el núcleo de nuestra sociedad”, dijo el jefe interino del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi, en un comunicado.
“Sacar las armas de las manos de los pandilleros y las drogas de nuestras calles es solo un paso más para reducir este deterioro. Hoy es otro ejemplo más de cómo las fuerzas del orden locales, regionales y federales, con una dedicación equivalente, están trabajando juntas para investigar, detener y procesar a los delincuentes”.
El fiscal general, Merrick Garland, elogió a las fuerzas del orden y a los fiscales por sus esfuerzos.
“El Departamento de Justicia ha asestado un golpe decisivo a los Peckerwoods del Valle de San Fernando, una violenta banda de supremacistas blancos a la que acusamos de ser responsable de traficar con fentanilo letal y otras drogas, cometer robos y perpetrar fraudes financieros para financiar tanto su empresa criminal como la de la Hermandad Aria”, dijo Garland.
Si son condenados por los cargos, cada acusado enfrenta la posibilidad de pasar la vida en una prisión federal.
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