Editorial: La Opinión apoya la Proposición 36
La Opinión combate la criminalización de las comunidades y el abuso de fuerza policial, lo que le da autoridad de reclamar orden y ley, bases de la convivencia
Walgreens cerró cinco de sus tiendas de San Francisco debido a los robos organizados. La cadena de farmacias minoristas ya ha cerrado allí 10 tiendas desde 2019. (Foto de Justin Sullivan/Getty Images) Crédito: Justin Sullivan | Getty Images
Una de las medidas electorales más importantes de estas elecciones es la Proposición estatal 36. Permitirá que los fiscales presenten acusaciones de delitos graves (felony) por ciertos hechos criminales que hasta ahora eran delitos leves (misdemeanor), con el consiguiente empeoramiento de los castigos si los acusados resultan culpables en un juicio.
El castigo por delitos leves es de hasta seis meses en una cárcel del condado y una multa de hasta $1,000, a menos que el acusado tenga una o más condenas previas. Por un delito grave en estos casos es de hasta tres años de prisión estatal o cárcel local.
Los delitos en cuestión son principalmente el hurto en tiendas (shoplifting), un fenómeno que se ha agravado recientemente.
Según la policía de Los Ángeles, en 2023 se reportaron 11,945 casos de hurto en tiendas, un aumento del 81% con respecto a 2022, con 6,585. Se trata mayormente de ladrones seriales y profesionales que repetidamente cometen hurtos en tiendas y robos menores con pocas consecuencias.
Los latinos representan la mayor proporción de trabajadores en la industria minorista (45%), lo que los hace particularmente susceptibles a pérdidas de empleo causadas por los aumento de robos, además que son quienes sufren de primera mano cuando se suscitan condiciones de trabajo inseguras.
La ola de robos y asaltos afecta no solo a las grandes corporaciones sino y con mayor dureza a pequeños negocios, muchos de ellos propiedad de latinos.
La Proposición 36, cuyo nombre completo es la “Ley para la reducción de la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo”, contrapone y complementa un grupo de 12 leyes dirigido exclusivamente a dirimir esta problemática, el “Paquete de medidas contra el robo en comercios de la Asamblea y el Senado” que el gobernador Gavin Newsom firmó en agosto.
La 36 modifica partes de la Proposición 47, aprobada en 2014 por el electorado y que a la inversa, convertía ciertos actos delictivos en delitos leves, para “garantizar que el gasto penitenciario se centre en delitos violentos y graves”. Específicamente, la Prop. 47 desactivó el delito de Hurto Menor con Condenas Previas. La 36 lo quiere restablecer.
El artículo 459.5 del Código Penal de California describe actualmente el delito de hurto en tiendas como el ingreso a un negocio abierto durante el horario normal con la intención de robar mercancía con un valor de $950 o menos.
La Proposición 36 requerirá que el acusado tenga ya dos o más condenas por hurto cuando el monto total robado sea de o exceda $950, o por crímenes relacionados con las drogas. Este detalle es importante porque excluye a quienes no son delincuentes reincidentes, o a quienes se entregan a un acto delictivo por necesidad material inmediata. Los acusados bajo la nueva ley estarán a discreción de los fiscales y los jueces.
Si bien la porción referente al hurto de comercios es el quid de la Proposición 36, contiene también un incentivo a las personas con adicciones graves a drogas duras como fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína o PCP a recibir tratamiento para la adicción y la salud mental. Estos tratamientos duran 12 meses o más. Para ello, restablece los tribunales de drogas (Drug Courts), que combinan tratamientos con incentivos y sanciones, y crea la figura del “delito grave con tratamiento obligatorio” si una persona tiene una droga dura y dos condenas previas relacionadas. El sujeto tendrá la opción de completar el tratamiento en lugar de la cárcel del condado, lo que podría hacer que el cargo sea eliminado por completo.
Finalmente, la Proposición 36 exige que los tribunales adviertan a los condenados por proporcionar drogas duras pueden ser acusados de asesinato si alguien muere por ello.
¿Aumentará la aplicación de la Prop. 36 la población carcelaria? En algunos miles, según el informe de la Oficina del Analista Legislativo (LAO), un ente independiente, pero de manera limitada por la puesta en efecto de otras medidas estatales que reducirán esta población al grado de tener que cerrar cinco cárceles para 2028.
Actualmente residen en las prisiones de California unos 90,000 reos.
En septiembre, la vicepresidenta Kamala Harris, que fue la procuradora estatal cuando se aprobó la Prop. 47 aunque no participó en su campaña, se negó a decir cómo votará en la Prop. 36.
Hemos apoyado la Proposición 47; ciertos vacíos legales y circunstancias justifican esta revisión.
Esta es en buenas cuentas una propuesta de sentido común que responde a una necesidad concreta de aplacar el creciente sentimiento de inseguridad en el público.
La Opinión ha combatido la criminalización de las comunidades minoritarias y el abuso de fuerza policial: es esa misma tradición la que le otorga la autoridad para reclamar orden y ley cómo principios básicos de la convivencia.
Por todo ello, La Opinión apoya la Proposición 36 y llama a su público a votar por ella en las próximas elecciones.
