El costo humano y económico de las redadas comienza a sentirse

Mientras las redadas migratorias de Donald Trump se riegan como pólvora a través del país, incluyendo en Puerto Rico, su costo humano y económico comienza a asomar su feo rostro.

En Idaho, una comerciante a quien llamaremos Marta, para no usar su verdadero nombre, abrió junto a su esposo un restaurante mexicano hace 26 años. Su clientela es anglosajona y latina, en especial mexicanos, en una zona agrícola donde abundan lecherías en las que laboran mayormente indocumentados, muchos con décadas en Estados Unidos, hijos ciudadanos, vidas establecidas.

El martes 21 de enero, un día después de que Trump asumió la presidencia, su clientela comenzó a reducirse.

“El almuerzo es de 11:00 a 1:30-2:00, y siempre está ocupado, pero a esa hora son mayormente anglosajones. Ya en la noche estuvo muy solo. No llegó ni un solo hispano. Al día siguiente en la noche pasó más o menos lo mismo”, indicó.

“Notamos que había muchas órdenes para llevar y venía alguna persona a recogerlas”, narró.

“La gente tiene miedo de salir porque piensa que se van a llevar a todas las personas. En las redes dicen que van por criminales, pero la gente cree que buscando a otros se los pueden llevar a ellos. Son personas que tienen hijos y temen que los separen de sus hijos”, agregó.

NBC reportó que al menos la mitad de los detenidos en un solo día de operativos no tenía historial delictivo.

Marta teme que las autoridades usen perfiles raciales y no crean que personas como ella son ciudadanos estadounidenses.

Lo que narra Marta ha ocurrido antes, por ejemplo, cuando estados como Arizona y Alabama implementaron sus leyes antiinmigrantes SB 1070 en 2010, y HB 56 en 2011, respectivamente. Las medidas sembraron terror no únicamente en la comunidad inmigrante sino entre sus familiares ciudadanos y residentes autorizados.

Los padres dejan de enviar a sus hijos ciudadanos a las escuelas por temor a ser detenidos y separados de esos hijos; dejan de ir al doctor pese a estar enfermos con el riesgo de crear una crisis de salubridad; dejan de ir al supermercado, farmacias y otros negocios con un efecto devastador en la economía. Dejan de trabajar en los campos agrícolas provocando que las cosechas se pierdan trastocando la cadena de producción de alimentos. La escasez provoca a su vez alzas en los precios de los productos. Dejan de trabajar en construcciones, cuidando niños, ancianos y discapacitados, en la manufactura, en hoteles y restaurantes. Ya está ocurriendo.

Lo peor, señala Marta, es que los mismos dueños de las lecherías votaron por Trump quien ahora quiere deportar a sus trabajadores.

“Si empiezan todas esas redadas, se van a quedar las lecherías sin trabajadores. La noche que Trump ganó el restaurante estaba lleno y uno de los dueños de una lechería me dijo, ‘Venimos todos a celebrar que ganó Trump’. Todos güeros y festejando. Me dio tristeza. Uno de ellos tiene un mayordomo indocumentado que si lo deportan, ¿qué va a pasar con su lechería?”, cuestionó Marta.

Apenas el 11 de noviembre del año pasado, el CEO de la Asociación de Lecheros de Idaho, Rick Naerebou, dijo en CNN que “es absolutamente imposible que sobrevivamos sin la mano de obra inmigrante… Los estadounidenses no quieren estos trabajos”. Idaho Press reportó que hay 35,000 indocumentados en Idaho y el 86% trabaja en industrias clave como agricultura, construcción y hostelería.

Es bueno recalcar el análisis de Robert Lynch y Michael Ettlinger, para la Escuela de Política Pública Carsey de la Universidad de New Hampshire: de los 11 millones de indocumentados, 8 millones trabajan, lo que representa 5% de la fuerza laboral estadounidense. Son 22% de todos los trabajadores agrícolas, 15% de los trabajadores de la construcción y 8% de los trabajadores de la industria manufacturera. La pérdida de esos trabajadores sería devastadora para la economía estadounidense.

Marta agregó que en uno de los supermercados locales algunos empleados utilizan la gorra MAGA de Trump y camisetas de Trump. La hija de Marta contó que ese mismo negocio ha ampliado su variedad de productos mexicanos consciente de que son sus clientes. Lo irónico es que votaron por quien va a deportar a sus clientes.

La hija de Marta tiene una cafetería y su clientela también ha disminuido.

“Me da tristeza y coraje que las familias tengan miedo, que estén aquí por muchos años trabajando duro y que les digan criminales cuando son personas que quieren salir adelante. No tienen ni un ticket de tránsito y a veces son los primeros que se llevan. Los primeros que deportan”, concluyó la hija de Marta.