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Corea del Sur negocia para repatriar ciudadanos arrestados por ICE en EE.UU.

Agentes de seguridad investigaron a Hyundai durante 3 meses por presuntas prácticas ilegales de contratación de trabajadores

FILE - U.S. Immigration and Customs Enforcement Baltimore Field Officer director Matt Elliston listens during a briefing, Monday, Jan. 27, 2025, in Silver Spring, Md. (AP Photo/Alex Brandon, File)

Autoridades federales buscan que los agentes de ICE operen sin restricciones. Crédito: Alex Brandon | AP

Corea del Sur anunció que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para repatriar a cientos de ciudadanos surcoreanos detenidos en una operación migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El operativo tuvo lugar en una planta de construcción de baterías para vehículos eléctricos en Georgia, vinculada a Hyundai-LG.

El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano informó que al menos 300 de los 475 trabajadores arrestados eran ciudadanos de ese país. Seúl confirmó que enviará un avión alquilado una vez completados los trámites administrativos para facilitar el regreso de sus nacionales.

La redada, considerada la mayor en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional, generó preocupación en Seúl y en sectores empresariales. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que los detenidos estaban en territorio norteamericano ilegalmente o trabajando sin la debida autorización.

Funcionarios surcoreanos indicaron que revisarán los procedimientos de visado para viajes de negocios relacionados con proyectos de gran inversión. “No bajaremos la guardia hasta que nuestra gente regrese sana y salva”, declaró Kang Hoon-sik, jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung.

Impacto en proyectos de inversión

El operativo se produjo tras meses de investigación sobre presuntas prácticas de contratación ilegal en la obra ubicada en Ellabell, Georgia. Se trata de una de las mayores apuestas de inversión coreana en Estados Unidos, con miles de empleos en juego, lo que ha puesto en alerta a líderes estatales y federales.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la agencia AP, la fiscalía aún no ha determinado qué empresa o contratista incorporó a los trabajadores indocumentados. Algunos habrían ingresado ilegalmente, mientras que otros llegaron con visas temporales o bajo un programa de exención que no autoriza el empleo.

El abogado Charles Kuck, representante de dos de los arrestados, afirmó que sus clientes estaban en Estados Unidos de forma legal bajo ese programa, con fines turísticos o de negocios. Precisó que uno llevaba solo dos semanas en el país y el otro un mes y medio.

La portavoz de ICE, Lindsay Williams, explicó que algunas detenciones estuvieron vinculadas a antecedentes penales. Subrayó que, una vez identificada la nacionalidad de los implicados, la agencia no tiene autoridad para mantenerlos bajo custodia. La investigación federal, sin embargo, continuará.

Hyundai, por su parte, aseguró que ninguno de los trabajadores detenidos pertenece a su nómina directa. La compañía informó que revisará sus prácticas de contratación y las de sus subcontratistas para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias en todos sus proyectos dentro del territorio estadounidense.

Steven Shrank, agente especial de Seguridad Nacional en Georgia y Alabama, sostuvo que la operación envía un mensaje contundente: “Quienes exploten a nuestra fuerza laboral, socaven la economía y violen las leyes federales rendirán cuentas”. La declaración fue respaldada por las autoridades migratorias federales.

En contraste, organizaciones defensoras de los inmigrantes criticaron la redada. Asian Americans Advancing Justice-Atlanta señaló que los trabajadores detenidos son personas que buscan alimentar a sus familias y contribuir a sus comunidades. El grupo consideró que las acciones de ICE fueron excesivas e injustas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó los arrestos al declarar que “eran inmigrantes ilegales y ICE simplemente estaba haciendo su trabajo”. Desde Seúl, el gobierno reafirmó su compromiso de proteger a sus ciudadanos y ajustar las normas de visado para evitar incidentes similares en el futuro.

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