La Corte Suprema aceptó considerar si la mayoría de los aranceles de Trump son legales

La Corte Suprema acordó el martes resolver rápido un importante debate sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones procedentes de países extranjeros, una política emblemática de su segundo mandato.

Lo que se discute es si Trump tiene la facultad de imponer aranceles unilateralmente, sin la aprobación del Congreso, en virtud de una ley reservada para su uso en situaciones de emergencia.

Los jueces solicitaron al gobierno y a un grupo de pequeñas empresas y estados que agilizaran los informes sobre el caso, estableciendo como fecha límite el 19 de septiembre para su presentación. El caso está programado para la primera semana de noviembre.

El gobierno de Trump elevó el caso ante el Supremo después de que un tribunal de apelaciones determinara el pasado 29 de agosto que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles, pero los dejó en vigor..

El que la corte, donde la mayoría de magistrados conservadores es de 6 a 3, haya señalado esas fechas apunta a que quiere resolver con gran celeridad un caso con profundas implicaciones para el comercio mundial y la salud presupuestaria y fiscal estadounidense.

La corte de apelaciones del Circuito Federal estimó en agosto que Trump no tenía derecho a imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que oscilan entre un 34% para China y una base del 10%, y tampoco un gravamen del 25% impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que su gobierno considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Otros aranceles implementados con diferentes fundamentos legales, como los aranceles del 50% al acero y al aluminio aplicados a todos los demás socios comerciales mundiales, no se cuestionan en los casos ante el tribunal.

El fallo ratificaba uno previo del Tribunal Internacional de Comercio, que, tras la denuncia de dos importadores estadounidenses afectados por los impuestos aduaneros, dictaminó en mayo que no existía emergencia nacional que justificara el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional por el gobierno de Trump para imponer los gravámenes.

La Administración ha impuesto las tarifas y está recaudando en aduanas por las importaciones para financiar su gran y ambicioso proyecto de reforma presupuestaria y fiscal, que incluía enormes recortes de impuestos y que el Congreso aprobó en julio.

Una derrota del gobierno de Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles que ha impuesto y obligaría a reembolsar esos fondos, que son decenas de miles de millones de dólares, a los países gravados, poniendo a su vez en entredicho la sostenibilidad presupuestaria de Estados Unidos.

 En cambio, una victoria reforzaría el poder presidencial de Trump y podría legalizar el uso de esa ley de emergencia para presionar aún más a otros socios comerciales. 

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