El gobierno crea la crisis para justificar el extremismo

Aunque jueces federales han bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Portland, hay un creciente temor de que el próximo paso del presidente sea invocar la Ley de Insurrección, aunque carezca de las bases legales para hacerlo.

Y es que Trump permanece desafiante a pesar de las objeciones legales y constitucionales a su plan de militarizar ciudades demócratas donde él asegura que hay “enemigos internos”. Con la excusa de combatir la inmigración indocumentada y la criminalidad, la administración quiere normalizar la militarización de ciudades, con resultados adversos.

Hay mayor inseguridad, sobre todo para personas de color así sean ciudadanos por las detenciones indiscriminadas conducidas por agentes de ICE enmascarados que actúan con violencia e impunidad.

De hecho, la jueza federal, Sara Ellis, prohibió a los agentes de ICE utilizar la fuerza contra manifestantes y periodistas que no supongan una amenaza. Ellis sostuvo que las acciones de los agentes “claramente violan la Constitución”.

Ni los religiosos están exentos de la violencia de ICE. Uno de los demandantes que solicitó al tribunal que se restrinja el uso de fuerza es el reverendo presbiteriano, David Black, a quien agentes de ICE le dispararon bolas de gas pimienta, una de las cuales lo golpeó en la cabeza. El pastor cayó de rodillas. “Podíamos escuchar que se reían”, dijo Black.

Las políticas de Trump son además terreno fértil para la criminalidad que él dice combatir porque las agencias policiales han sido reasignadas a labores migratorias desatendiendo el combate contra delitos como explotación infantil, fraude fiscal y narcotráfico, entre muchos otros.

Eso sin contar los severos recortes a las agencias policiales avalados por esta administración.

Por ejemplo, el presupuesto del año fiscal 2026 le quita $1,000 millones de dólares a 40 programas de subvenciones del Departamento de Justicia que buscan reducir los delitos violentos, de odio y contra la mujer; reduce $468 millones de dólares de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), lo que afecta el combate al tráfico de armas de fuego y la reducción de la violencia armada. Recorta además $646 millones de dólares de FEMA para la prevención de la violencia y el terrorismo; $545 millones del FBI y elimina 2,000 empleados; y $212 millones de dólares a la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En otras palabras, el gobierno de Trump critica a ciudades demócratas por sus índices de criminalidad pero les quita los fondos para combatirla. Luego alega que hay que enviar a la Guardia Nacional para tomar control y despachar agentes de ICE que terminan generando violencia y caos.

Es como iniciar un incendio de manera intencional para después extinguirlo y fungir como héroe. Es crear la crisis para justificar severas medidas que atentan contra los derechos y las protecciones de todos nosotros.

Porque de momento la pelea judicial es por activar la Guardia Nacional en ciudades y estados que no lo han solicitado porque no lo consideran necesario. Incluso, en las protestas generadas por la presencia de ICE han sido los propios agentes los que han generado situaciones de violencia disparando a mansalva bolas de gas pimienta y gases lacrimógenos.

Luego Trump llama a los manifestantes “insurrectos” y se teme que invoque la Ley de Insurrección de 1807, promulgada por el entonces presidente Thomas Jefferson. Esta ley permite que el presidente despliegue militares a nivel doméstico para combatir una insurrección que amenace a la población.

Esta ley se invocó en 30 ocasiones, especialmente en los años 60 en medio de la cruenta lucha por los derechos civiles para proteger activistas. En 1992 el presidente George H. W. Bush la invocó en medio de los disturbios en Los Ángeles por la absolución de los policías acusados de golpear brutalmente a Rodney King.

“Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando personas y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran frenando, claro que lo haría”, aseguró Trump.

Pero el exfiscal federal Shanlon Wu declaró a la revista Newsweek que no es solamente invocarla sino justificar su uso. Trump “disfruta de la autoridad legal teórica para invocarla, pero parece carecer por completo de una base de hechos que respalde su uso”.

Y es que no hay ninguna insurrección en curso, solamente la inventada por el presidente quien, de hecho, instigó la más reciente en récord el 6 de enero de 2021 cuando sus seguidores intentaron impedir violentamente la certificación de la elección presidencial que perdió ante Joe Biden.