Caso Arámbulo: el dilema de la corrupción judicial en Paraguay
Camila Arámbulo, una fugitiva, presumió fotos paseando por Roma, donde previamente publicó una sonriendo junto al presidente Santiago Peña
Un escándalo judicial en Paraguay, podría afectar la relación del presidente Santiago Peña, con el presidente Trump. Crédito: Evan Vucci, Pool | AP
Recientemente, el mundo miró a Sudamérica por el polémico megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Brasil, que dejó más de 120 muertos. Acto seguido, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, lanzó la operación “Escudo Guaraní” contra el crimen organizado transnacional, desplegando 4,000 efectivos militares en la frontera seca.
No pasa inadvertido el esfuerzo de Peña por mejorar la imagen internacional del país, dañada desde el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci en 2022. Pese a su crecimiento económico, Paraguay presenta bajos niveles de inversión extranjera. Problemas como la desigualdad y la penetración del crimen organizado han trascendido gobiernos. Asimismo, la corrupción institucional ahuyenta a los inversores en esta nación sudamericana. Un escándalo reciente ejemplifica este problema.
Una prófuga de la justicia, Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, logró salir del país por vía aérea el 20 de septiembre, apenas 24 horas después de que la magistrada Ana María Esquivel la declarara rebelde y emitiera una orden de captura. ¿Cómo logró escapar, estando la orden de captura cargada en el sistema informático de la Policía Nacional? Para mayor controversia, a pesar de la cobertura de los diarios paraguayos, la fugitiva presumió fotos paseando por Roma en sus redes públicas, donde previamente publicó una sonriendo junto al presidente Peña.
Arámbulo había faltado a una audiencia clave en la causa 2178/2025, donde está imputada por hurto agravado contra el periodista argentino Nicolás Morás, una voz influyente en medios internacionales y creador del canal de YouTube Los Liberales, popular entre hispanos en Estados Unidos. Triste paradoja, el pasado mes de marzo Morás publicó un documental que expone, desde su mirada libertaria, las razones del fenómeno llamado “Milagro Paraguayo” y destaca las oportunidades que ofrece el país a los extranjeros que apuestan por él.
En lugar de recurrir a INTERPOL, la jueza Esquivel levantó la orden tras un informe irregular de su subalterna Evelyn de Brítez, quien alegó no poder notificar a la imputada por falta del expediente físico, pese a que el sistema se encuentra digitalizado. En un escrito posterior, Brítez admitió que se contactó al mismo teléfono de la imputada que figuraba en el expediente. Noelia Quintana Shaffer, abogada de Morás, recusó y denunció penalmente a Brítez. Dicha causa recayó en la Unidad Fiscal N.º 4 de Lambaré, a cargo de Amelia Hortensia Bernal Jara, ya separada antes de la causa original del hurto por su pasividad, que causó la pérdida de una videograbación clave para la investigación.
El 21 de octubre, Esquivel benefició a Arámbulo con libertad ambulatoria, pese a la fuga confirmada y presumida en redes públicas, hecho que debería haber motivado una investigación inmediata sobre la complicidad policial que permitió consumarla. ¿Bajo qué criterio se libera a alguien que demostró voluntad y capacidad de huir burlando controles migratorios? El medio El Observador recuerda que tanto Esquivel como su actuaria Patricia Cáceres Zapata fueron denunciadas por presunto cobro irregular de honorarios a un acusado, incluyendo pedidos de transferencias bancarias y hasta “comida para la merienda”.
En sintonía con lo expuesto, el 24 de octubre, once policías del Departamento de Identificaciones fueron imputados por vender documentos paraguayos a criminales, facilitando ingresos y salidas irregulares del territorio nacional. No obstante, el juez de apelaciones Dionisio Frutos Serrati confirmó la resolución de Esquivel, por lo que es probable que la disputa escale a la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, el programa televisivo Causa Justa denunció un intento de mordaza judicial contra Morás. que incluiría un expediente ilegalmente retenido por la jueza de Paz Elvira Margarita Franco, implicada por la prensa en la llamada “Mafia de los Pagarés”, red judicial acusada de fabricar pagarés falsos y usar juicios ejecutivos exprés para extorsionar o despojar de bienes a empresarios y particulares.
¿Quién protege a Arámbulo?
El portal argentino REALPOLITIK reconstruyó el perfil político de Arámbulo Garibaldi. Aunque la Vocería presidencial aclaró que no ocupa cargos públicos y calificó su foto con Peña como “casual”, Arámbulo es afiliada del Partido Colorado y militante del Movimiento Renovación Gremial, dirigido por Enrique Berni Brítez, miembro del Consejo de la Magistratura. Su hermano, el abogado Humberto Brítez, es uno de los letrados contratados por el régimen de Nicolás Maduro para representar a PDVSA contra el estado paraguayo. También contrataron los servicios de Ariel Martínez, ex ministro de Justicia.
Esto podría generar tensiones en la relación de Peña con Donald Trump, quien considera a Maduro y PDVSA actores del supuesto “Cartel de los Soles”, designado por el Departamento de Justicia como organización terrorista extranjera, argumento para el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
El abogado defensor de Arámbulo, Fermín “Fercho” Bogado, también tiene vínculos políticos. Participó en la campaña de Alianza Gremial, fuerza encabezada por Jorge Bogarín Alfonso, otro consejero de la Magistratura declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. Bogado fue imputado por testimonio falso, acusado de “fabricar un caso” cuando era asistente fiscal para beneficiar a un familiar suyo, y es investigado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por vender temas del examen de ingreso a la Escuela Judicial.
Todo este panorama deja en claro que Paraguay necesita una urgente revisión de su sistema judicial. El combate al crimen organizado en América Latina no puede prosperar sin una división de poderes efectiva, vital para el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el mayor desafío del gobierno de Santiago Peña: la endémica corrupción institucional.
Este no es un caso aislado en América Latina. En México, por poner otro ejemplo, la realidad pone a prueba la reforma judicial y hace patente el intervencionismo de Estados Unidos. El imperio en decadencia aprovecha la fragilidad institucional, la corrupción y la impunidad de nuestras naciones, al tiempo que toma ventaja de su aparente lucha contra lo que llaman “narco-terrorismo”. El caso de Paraguay ilustra una complejidad en la que muchos suelen no pensar.
(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.
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