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Gobierno de Trump pierde ante 25 fiscales por nueva orden sobre cupones SNAP

En una acción de emergencia, una coalición de 25 estados, liderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, ganó una batalla legal por SNAP

El programa SNAP ayuda a unos 42 millones de personas.

El programa SNAP ayuda a unos 42 millones de personas. Crédito: Nam Y. Huh | AP

NUEVA YORK.- La Corte de Distrito de Massachusetts decidió a favor de una coalición de 25 fiscales generales contra un memorando del presidente Donald Trump para limitar el envío de apoyos bajo eel Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y sancionar a los estados que los distribuyen.

La coalición fue liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien el domingo en la noche presentó la moción de emergencia, aprobada por la corte este lunes.

En su memorando, el presidente Trump exigió a todos los gobierno estatales “revertir de inmediato” la liberación de los beneficios del SNAP, de lo contrario serían sancionados.

La corte federal en Massachusetts, con sede en Boston, concedió parcialmente la solicitud de la coalición de una Orden de Restricción Temporal, suspendiendo la directiva de la administración Trump emitida el sábado por la noche y fijando una audiencia para hoy mismo para discutir la moción en su totalidad.

“El gobierno de Trump ha sido implacable en su empeño por privar de alimentos a los estadounidenses, pero una vez más un tribunal ha intervenido para detenerlos”, declaró James. “Esta orden garantiza que las familias puedan seguir recibiendo la asistencia alimentaria que necesitan y que los estados no sean castigados por cumplir con su deber”.

El gobierno de Trump emitió una orden previa de solamente distribuir la mitad de los pagos SNAP de noviembre a los beneficiarios, utilizando fondos de emergencia. El caso llegó a la Corte Suprema, donde se confirmó provisionalmente esa decisión.

Sin embargo, el memorando del mandatario contra los fiscales generales de revertir el envío de ayuda completa y amagar con castigo es un proceso judicial por separado, según una carta enviada el sábado por la noche por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Una larga batalla por cupones de alimentos

La fiscal general James y la coalición demandaron al gobierno federal el 28 de octubre por retener los beneficios del SNAP de noviembre bajo el argumento del cierre del gobierno, a pesar de tener fondos de emergencia para distribuir los pagos.

El 31 de octubre, un tribunal federal falló a su favor, obligando al USDA a utilizar sus fondos de contingencia para financiar, al menos parcialmente, la ayuda alimentaria.

El jueves 6 de noviembre, un segundo juez ordenó al USDA que liberara “de inmediato la totalidad de los beneficios”, por lo que la agencia informó a los estados que podían utilizar los fondos.

Sin embargo, la noche del 7 de noviembre, la administración Trump apeló las resoluciones judiciales logró una suspensión administrativa temporal de la Corte Suprema, aunque varios estados ya habían avanzado con el proceso de distribución de los fondos.

Fue el sábado 8 de noviembre a las 22:00 horas del Este cuando, el USDA emitió un nuevo memorándum retractándose de su comunicación anterior e incluso señalando que la distribución completa “no autorizada”.

“La agencia ordenó a los estados que ‘deshicieran de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025’ y amenazó con responsabilizarlos financieramente si no recuperaban los beneficios, llegando incluso a advertir que podría retener los fondos administrativos básicos que está legalmente obligada a proporcionar”, indicó la coalición de fiscales.

En la moción presentada la noche del domingo, la fiscal James y la coalición argumentaron que el USDA sumió a los estados en una mayor confusión, ya que emitió órdenes contradictorias, demás de violar la Ley de Procedimiento Administrativo.

Además de Nueva York, los fiscales generales que se unieron a la moción son los de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.

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