Autoridades desmantelan una red de fraudes masivos contra Medi-Cal por un monto de $267 millones

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el desmantelamiento de una red de fraudes masivos contra Medi-Cal por un monto de $267 millones de dólares, se incautaron dos pistolas, más de $757,000 dólares, se arrestó a cinco personas y 21 sospechosos.

Tras la conclusión de la “Operación Skip Trace”, (Localización de deudores), Bonta indicó que, desde 2020, la División de Fraude de Medicare y Abuso de Adultos Mayores (DMFEA, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo cerca de 300 investigaciones relacionadas con servicios de cuidados paliativos, ha presentado 119 casos penales y ha obtenido 51 condenas.

La DMFEA ha recuperado $1,540 millones de dólares en casos de fraude médico, tanto en el ámbito civil como en el penal, a lo largo de la última década.

El fraude consistía en la compra de identidades de personas que residían fuera de California, la inscripción de personas en Covered California y la facturación a Medi-Cal por servicios inexistentes. Se investigó a 14 empresas, además de una compañía de facturación y a ocho individuos sospechosos de lavado de dinero.

“Vamos a seguir combatiendo el fraude en sus múltiples formas, incluido el fraude en los servicios de cuidados paliativos (hospicio)”, dijo el fiscal estatal en rueda de prensa en Los Ángeles.

En el esquema fraudulento, una serie de propietarios testaferros (prestan su nombre en un contrato) adquirieron varias empresas de cuidados paliativos y comenzaron a facturar a Medi-Cal (el seguro médico de California).

Para justificar reclamos, utilizaron historiales médicos falsos, oficinas inexistentes y diagnósticos fraudulentos.

Los supuestos pacientes gozaban de buena salud, se encontraban fuera del estado y desconocían por completo que habían sido inscritos en un programa de cuidados paliativos.

Una vez desembolsado el dinero, este era canalizado a través de una compleja red de más de 130 empresas fantasma y ocultado en diversas cuentas bancarias, aplicaciones de pago y criptomonedas con el fin de eludir la detección. El dinero fue blanqueado.

“Se trata de una operación criminal sumamente compleja y sofisticada, que utiliza identidades obtenidas en la “dark web” y crea fachadas para servicios de cuidados paliativos”, agregó.

Bonta informó que los sospechosos contaban con un cabecilla y un encargado de la facturación y se habían asignado diferentes roles dentro de la organización.

“Existía una red muy compleja de lavado de dinero diseñada para ocultar los fondos y dificultar su detección”, describió sobre el modus operandi de los defraudadores.

Por lo tanto, -agregó- “estamos ante asuntos de gran complejidad que exigen una labor policial sumamente sofisticada, profesional y experta”.

La primera pista sobre la red de corrupción fue recibida en mayo de 2025, y el desmantelamiento tardó casi un año, en el que se descubrió un intento de defraudar a los californianos.

“Se trata de casos sofisticados; sin embargo, estamos a la altura del desafío”, valoró el fiscal estatal.

Durante una conferencia celebrada la semana pasada, el doctor Mehmet Oz. administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid afirmó que una tercera parte de todas las oficinas de cuidados paliativos del país se encuentran en Los Ángeles, sugiriendo con ello que dicha concentración estaba vinculada al fraude.

“Esto no es un juego político para nosotros. Se trata de proteger el dinero de los contribuyentes, proteger los programas de los que dependen los californianos enfermos y vulnerables, y proteger nuestro estado”, declaró el fiscal estatal.

Cargos contra los imputados

Los acusados de conspiración para cometer fraude al seguro médico e inclusive lavado de dinero, entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 son: Roberto Sabiron Rubillar Jr., director ejecutivo de Legit Systems Billing Solutions de Rancho Cucamonga, y Liezyl Rubillar, quienes presuntamente sometieron facturas a Medi-Cal a nombre de Cherish Hospice, Inc. de la ciudad de Torrance.

Entre las alegaciones especiales se menciona el agravante por delitos de cuello blanco y delitos graves cuyo elemento esencial es el fraude o la malversación de dinero que resultó en una perdida superior a los 500,000 dólares.

“No puedo decir nada. Tengo que hablar con mi abogado”, dijo Roberto Sabiron Rubillar Jr., a La Opinión. El y Liezyl Maniego Rubillar aparecen en las tres demandas del gobierno estatal.

En la segunda queja presentada en la Corte Superior de California en el condado de Los Ángeles, los acusados relacionados con Beloved Hospice Care de Van Nuys, Hope of LA Hospice de Tarzana, JTN Hospice de Van Nuys, Medlight Hospice de Encino; Sunset Hospice & Paliative Care de West Hollywood y Greenwood Healthcare de Glendale son: Levon Darakchyan, David Cohen, Sarkis Ksachikyan.

Otros presuntos implicados son: Ross Tarkhan, Karen Moroyan, Levina Nadezhda, Bakhtiyor Roziqov, Shushanik Arsenyan, Ohannes Mirzoian, Adam Zubireaev, Martin Tonoyan, Tigran Petrosian, Karine Mukshi-Hoveyan, Vardan Mkiiitaryan, Aram Hakobyan y Davit Shahinyan.

La tercera demanda es contra Rafo Fogosian, Muslim Borkhaddzhiev, en conexión con Light of Life Hospice y CarePartners Hospice sobre lavado de dinero entre agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025 por $2.2 millones de dólares y fomento de actos de conspiración para cometer fraude al seguro médico.

Prevención continua

Kim Johnson, secretaria de Salud y Servicios Humanos de California subrayó que la agencia administra algunos de los programas de asistencia pública más rigurosamente supervisados ​​del país, combinando una sólida verificación de elegibilidad, prevención continua del fraude y una aplicación agresiva de la ley.

“Estos programas —incluyendo CalFresh y otros programas de asistencia alimentaria, CalWORKs, cuidado infantil y apoyo médico— benefician a millones de californianos; y las sólidas salvaguardas integradas en cada programa reflejan nuestro compromiso con la rendición de cuentas y la gestión fiscal responsable”, dijo Johnson.

Agregó que, cuando el estado identifica un problema, toman medidas.

“Cuando detectamos indicios de fraude en los programas que administramos, actuamos con decisión”.

Aumenta los acusados

En los últimos dos años en California han sido revocadas más de 280 licencias de servicios de cuidados paliativos y aproximadamente otros 300 proveedores bajo evaluación para su revocación tras descubrirse fraudes multimillonarios.

Desde 2021, el Departamento de Justicia del estado ha investigado a 101 organizaciones delictivas y ha presentado 24 demandas civiles, con 109 personas imputadas por delitos relacionados con los cuidados paliativos

La semana pasada funcionarios federales arrestaron a ocho personas que han sido acusadas de estar involucradas en tramas de fraude a Medicare por un valor total de 60 millones de dólares. Sin embargo, el total es de 15 personas implicadas.

Los centros de atención se localizan a menos de una milla de distancia, uno del otro, en Los Ángeles, Van Nuys, Glendale, Burbank y North Hollywood e incluyen clínicas “fantasma”.

La “Operación Never Say Die” (Nunca digas morir) del Departamento de Justicia (DOJ) reveló un esquema de fraude al programa de cuidados paliativos de Medicare por valor de 60 millones de dólares.

Los acusados son Lolita Beronilla Minerd; Nita Almuete Paddit Palma y su esposo, Adolfo Catbagan; el matrimonio de Amelou y Gladwin Gill, y Sonia Griffen. Algunos de ellos pagaban sobornos en efectivo a pacientes sanos a los que se facturaba como enfermos terminales o para reclutar pacientes para el programa de cuidados paliativos.

En el caso de Lolita Beronilla Minerd, la enfermera vocacional con licencia, presuntamente operaba en el  Topanga Hospice Care Inc. Ella fue acusada de haber facturado a Medicare, más de 9 millones de dólares en servicios para pacientes “moribundos” que, en realidad, gozaban de buena salud, entre 2020 y 2025.

¿Cómo reportar un presunto fraude?

• Presentar una queja en línea en https//oag.ca.gov/dmfea/reporting
• Llamar a la División de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Personas Mayores | Estado de California al (800) 722-0432
• Envie una queja por escrito por correo a:

Departamento de Justicia de California
División de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Personas Mayores
P.O. Box 944255
Sacramento, a 94244-2550

Condado de LA se une al combate del fraude

El martes, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de reforzar la supervisión y la aplicación de la ley contra el fraude en el sector de la atención médica domiciliaria y de cuidados paliativos, aprobando una moción que exige una mayor coordinación entre las agencias locales, estatales y federales, mientras los fiscales describen al sur de California como el epicentro de una crisis nacional de fraude al programa Medicare.

La moción, presentada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Kathryn Barger, instruye al Departamento de Salud Pública del condado a presentar un informe con recomendaciones para mejorar la coordinación de las investigaciones entre las distintas jurisdicciones gubernamentales. También insta al condado a exhortar formalmente a Sacramento y a Washington a reforzar la supervisión e intensificar las medidas de control contra las organizaciones acreditadoras responsables de monitorear a la mayoría de los proveedores.

“El fraude en la atención médica domiciliaria y de cuidados paliativos no es solo un delito financiero; es una amenaza directa para la salud y la seguridad de algunos de nuestros residentes más vulnerables”, afirmó Horvath. “El condado de Los Ángeles está cumpliendo con su parte y no permitirá que actores inescrupulosos se aprovechen de las lagunas en la supervisión mientras se pone en riesgo a los pacientes y a sus familias”.

Barger se hizo eco de estas preocupaciones, calificando el fraude en el sector de cuidados paliativos y atención médica domiciliaria como una traición a las personas que dependen de los servicios de atención al final de la vida.

“Los cuidados paliativos y la atención médica domiciliaria existen para servir a nuestros residentes más vulnerables; por lo tanto, el fraude en estas industrias constituye una profunda traición a su confianza”, declaró Barger. “Debemos trabajar para lograr una mayor coordinación y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno”.

La medida adoptada por la Junta se produce en un momento en que el condado de Los Ángeles lidia con una asombrosa concentración de proveedores. Actualmente, operan en el condado más de 4.700 agencias de atención médica domiciliaria y de cuidados paliativos; una cifra que ha crecido drásticamente en los últimos años y que, según las autoridades federales, ha convertido al sur de California en un entorno de alto riesgo para el fraude.

El estado acumula un historial de años en la aplicación de la ley

Las autoridades estatales afirman que California lleva años adelantándose a este problema. El senador Ben Allen (demócrata por Santa Mónica) elogió las recientes medidas de control adoptadas por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, señalando que se han clausurado más de 280 proveedores fraudulentos en todo el estado.

Allen fue el autor del proyecto de ley SB 664 en 2021, el cual estableció una moratoria —pionera en todo el país— sobre la concesión de nuevas licencias para servicios de cuidados paliativos, en respuesta a la creciente preocupación por el fraude y los abusos. También fue coautor del proyecto de ley AB 2673 en 2022, el cual cerró lagunas jurídicas adicionales y actualizó las herramientas de aplicación de la ley para mantenerse al día con las tácticas de fraude en constante evolución.

“Estas políticas nos permitieron poner en pausa un sistema que estaba siendo objeto de explotación y nos brindaron las herramientas necesarias para adelantarnos al fraude», afirmó Allen.

La oficina de Newsom informó que el estado ha revocado más de 280 licencias de servicios de cuidados paliativos en los últimos dos años, tiene a aproximadamente otros 300 proveedores bajo evaluación para su revocación y ha arrestado a 284 personas en relación con delitos vinculados a los cuidados paliativos desde 2019.

El Departamento de Justicia de California ha investigado 101 organizaciones delictivas y ha presentado 24 demandas civiles, con 109 personas imputadas por delitos relacionados con los cuidados paliativos desde 2021.