Brenda Solórzano y la defensa de las organizaciones no lucrativas ante Trump

The California Endowment lidera la oposición a una norma propuesta por la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget) y otras agencias federales. Esta regulación restringiría el acceso de las fundaciones a los recursos necesarios para prestar servicios esenciales a sus comunidades.

“No es un enfoque justo. No deberíamos politizar el papel fundamental que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro”, declaró Brenda Solórzano, presidenta y CEO de The California Endowment, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo principal es mejorar la salud y la equidad racial en California, en entrevista con La Opinión.

La normativa propuesta por la administración Trump restringiría o prohibiría la financiación federal para muchos programas esenciales que apoyan a comunidades desatendidas, al exigir el cumplimiento de “políticas y prioridades de la Administración” que son amplias y vagas.

Éstas incluyen restricciones a la financiación de actividades relacionadas con la “diversidad, equidad e inclusión”, el apoyo a la “inmigración ilegal”, el rechazo de un estricto “binarismo sexual” o la promoción de “valores antiamericanos”.

El preámbulo de la normativa de la administración Trump califica las políticas objeto de prohibición como “woke” (progresistas), de “izquierda” y de “extrema izquierda”.

La propuesta también restringiría la traducción de documentos e informes relacionados con las subvenciones a idiomas distintos del inglés. Otras disposiciones eliminarían los requisitos de representación de las comunidades desatendidas en las evaluaciones de subvenciones y suprimirían los mandatos de participación comunitaria en el diseño de programas financiados por el gobierno federal.

“Las normas propuestas son incompatibles con los estatutos gubernamentales anteriores y con la intención del Congreso, la cual se basaba en que estas fuentes de financiación abordaran las necesidades de la comunidad utilizando datos, ciencia y un enfoque centrado en combatir las disparidades en salud”, afirmó Solórzano, quien es hija de inmigrantes guatemaltecos.

La norma excluiría la ciencia basada en evidencia y la toma de decisiones fundamentada en datos de gran parte del proceso de financiación federal. Exigiría una “revisión previa a la emisión” de todas las subvenciones discrecionales por parte de funcionarios nombrados por motivos políticos, reduciría la revisión por pares expertos a una función meramente consultiva y permitiría denegar fondos federales basándose en la afiliación del solicitante a organizaciones consideradas “amenazas para la seguridad pública o la seguridad nacional”, sin definiciones claras.

También ampliaría la facultad de cancelar subvenciones en cualquier momento si se consideran “incompatibles con los objetivos del programa o las prioridades de la agencia”, en lugar de hacerlo por incumplimiento, mala conducta o fraude. Dichas cancelaciones no estarían sujetas a impugnación ni apelación.

A continuación, más de la charla con Brenda Solórzano, nombrada presidenta y CEO de The California Endowment en 2024.

¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del gobierno en las decisiones que afectan significativamente la vida de las personas?

No debería hacerlo. Se supone que el gobierno federal trabaja para todos los que viven en Estados Unidos; el acceso a los recursos no debería diferenciarse ni politizarse. Si se retiran estos fondos a dichos grupos, amplios sectores de la población, ya sean inmigrantes, personas negras, indígenas y de color (BIPOC) o la comunidad LGBTQ+, perderán el acceso a recursos que ellos mismos ayudan a financiar.

Me refiero a todas las personas que pagan impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre la renta. Financiamos estos programas para que el dinero regrese a nuestras comunidades, y el gobierno debería utilizar esos fondos con ese fin. Afirmar que ciertas personas tienen derecho a esto mientras otras no, basándose únicamente en perspectivas políticas, es inaceptable.

Como mujer que ama a la humanidad y la filantropía, ¿alguna vez imaginó una situación en la que el gobierno privara a las personas en Estados Unidos de sus derechos civiles y humanos más básicos?

Sabe, llevo mucho tiempo dedicada a esta labor. De hecho, toda mi carrera se ha centrado en atender las necesidades de personas que dependen de programas de red de seguridad social, ya sea en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda o las oportunidades económicas. La forma en que está redactada la norma actualmente conducirá a interpretaciones arbitrarias y caprichosas sobre quién recibe financiación y quién no, y eso sencillamente no puede ser así. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto.

Resulta difícil concebir a Estados Unidos sin una red de seguridad, ya que siempre habrá personas que carezcan de recursos suficientes para sobrevivir. Esto hace que la existencia de una red de seguridad sea esencial. Nunca imaginé una situación en la que el gobierno afirmara no ser responsable de apoyar a las comunidades. Pagamos impuestos con la expectativa de que el gobierno cumpla esta función; sin embargo, ahora parece que se está descuidando esa responsabilidad.

Esto plantea un desafío importante para el sector filantrópico, ya que carecemos de los recursos necesarios para cubrir el vacío generado por los recortes de fondos actuales y previstos. No podemos suplir esta carencia porque el gobierno gestiona muchos más recursos que nosotros. Como resultado, muchos de nuestros socios comunitarios están perdiendo financiación al tiempo que enfrentan necesidades críticas en sus comunidades.

Sin los recursos adecuados para apoyarlos, resulta difícil ejercer un liderazgo filantrópico eficaz en este momento. Estamos trabajando para optimizar nuestros recursos en un entorno donde ya no se puede dar por sentada la existencia de una red de seguridad ni la participación gubernamental.

Usted lidera un grupo de fundaciones y más de 20 organizaciones filantrópicas en California que se oponen a la norma propuesta por la OMB. ¿Por qué consideró importante adoptar esta postura como líder?

Creo que, dentro del ámbito de las fundaciones, somos una de las pocas instituciones que cuenta tanto con los recursos como con la capacidad para alzar la voz contra lo que está sucediendo sin sufrir demasiadas repercusiones negativas. En otras palabras, nadie va a cortarnos la financiación; disponemos de capital propio. Nadie va a destituirnos mediante el voto, ya que no aspiramos a cargos públicos. Tampoco nadie nos despedirá por no generar suficientes ingresos.

Como fundaciones, ocupamos una posición única. Como inmigrante y latina, creo que no podemos permanecer pasivas ante la injusticia y la desigualdad que afectan a las comunidades rurales, latinas, negras e indígenas de todo el país. Cuando conocimos esta norma, consideramos esencial alzar la voz, reconociendo que la acción colectiva es más poderosa que los esfuerzos de una sola fundación. En ese momento, contactamos a nuestros colegas de California para crear conciencia y fomentar una oposición conjunta. Presentamos comentarios en contra de la norma e invitamos a otros a unirse a nosotros.

Nos complació ver que otras 24 fundaciones de California respaldaron el documento que presentamos ante la OMB. Si el gobierno aplica estos recortes de fondos en el sector sanitario, o si se implementan en California, ¿cuáles serían las peores consecuencias para el estado y para las minorías étnicas? Al analizar los datos sobre quiénes presentan los peores resultados de salud, observamos que a menudo pertenecen precisamente a las comunidades que más nos importan en The California Endowment: comunidades inmigrantes, afroamericanas, indígenas y LGBTQ, así como personas de bajos ingresos y residentes de zonas rurales.

Los datos indican que estas personas carecen de los recursos necesarios para llevar una vida saludable en California y dependen en gran medida de los servicios que ofrecen estas fundaciones, que abarcan desde el acceso a la atención médica y la vivienda hasta el acceso a alimentos. Si se elimina la financiación gubernamental, estas organizaciones se quedan sin recursos. Se verán obligadas a cerrar programas y despedir personal, ya que no tendrán los medios para seguir prestando dichos servicios.

¿Y tiene alguna idea de cuáles serán las consecuencias de esto? ¿De los recortes de financiación? ¿Qué impacto tendrá esto en la democracia?

Será importante observar los efectos que estos recortes tienen en la democracia. Muchas personas no prestan mucha atención a las elecciones ni a las decisiones políticas, ya que a menudo les parecen lejanas o ajenas a su vida cotidiana. Sin embargo, a medida que el gobierno desmantela estos programas y las personas pierden la cobertura sanitaria, el acceso a alimentos y el apoyo de las organizaciones sin fines de lucro, el impacto se vuelve directo y personal.

Espero que esta toma de conciencia anime a la gente a involucrarse más, reconociendo que el gobierno puede ser moldeado por una ciudadanía informada y activa. Esto podría motivar una mayor participación en el proceso democrático. Esa es mi esperanza: que la gente vea la conexión entre votar, quién ocupa los cargos públicos, las decisiones que se toman y cómo todo ello repercute en la vida cotidiana de las personas.