Integración del inmigrante

Migración

Tengo la tesis, algo rudimentaria, de que la relación de esta sociedad con sus inmigrantes, especialmente con los no autorizados, es como un péndulo que va y viene, oscilando entre la integración y la exclusión. El péndulo ha estado un buen rato del lado de la exclusión, pero ahora parece moverse hacia el otro lado, en dirección de la integración.

En términos generales, los Estados Unidos son una sociedad que integra a sus inmigrantes, pero no a todos de la misma manera ni con las mismas oportunidades. Los procesos de integración son contradictorios: las autoridades federales, las que deciden sobre el tema de la inmigración, hacen poco a favor de la integración y mucho a favor de la exclusión. De hecho, venimos de dos décadas en las que el Gobierno federal ha impuesto leyes y prácticas cada vez más restrictivas a la inmigración, incluida una política de deportaciones masivas sin precedentes.

Una buena parte de la integración de los inmigrantes ocurre a nivel local, en las ciudades y los estados donde residen. En el nivel local es donde se organizan y regulan muchos de los servicios a los que los inmigrantes tienen acceso sin distinguir sus estatus legal. El ejemplo más claro es el de los servicios de educación pública. Sin embargo, durante la última década, una larga lista de gobiernos e instituciones municipales y estatales han asumido como suya la exclusión: las policías locales cooperan con las autoridades de migración, se les han negado las licencias de manejo a los inmigrantes sin papeles y se han adoptado leyes que imitan las restricciones federales.

Pero como mencionaba al inicio de esta columna, el péndulo se mueve, una vez más, hacia la integración. Insisto: no se trata de un proceso simple y sin contradicciones; al contrario, es resultado de luchas y negociaciones que nunca parecen tener un punto final. Aun así, ya son varios los estados que han aprobado leyes que les permiten a los inmigrantes no autorizados solicitar y obtener licencias de manejo. Uno de estos estados es California. Luego de más de una década de lucha y gracias a una supermayoría demócrata en la legislatura estatal, el año pasado fue aprobada una ley que les permite a los inmigrantes no autorizados obtener su permiso para conducir.

No es poca cosa. La posibilidad de conducir legalmente, amparado por la ley y con un seguro, tiene impactos favorables sobre la movilidad de los inmigrantes y su integración al mercado de trabajo y el resto del tejido social local. Un inmigrante que maneja sin el temor de ser detenido por no contar con licencia, no tiene que depender de trabajos cercanos a su domicilio o de un sistema de transporte ineficiente e insuficiente para la gran zona metropolitana en la que vivimos. Ese mismo individuo puede aventurarse a buscar trabajos mejor pagados, ubicados quizá a mayor distancia de su barrio. Con las posibilidades que la movilidad otorga, esa persona puede buscar mejores opciones educativas para sus hijos e inclusive para sí misma.