Presos por drogas podrían ver reducida su condena
Sistema judicial decidirá si baja condenas de más de 50 mil presos encarcelados por delitos de tráfico de drogas
La Comisión de Sentencias de EEUU decidirá hoy lo que podría ser uno de los cambios más significativos al sistema de justicia criminal en una generación, y que podría beneficiar a hasta 51,000 presos.
La Comisión, que establece las guías para las sentencias que dan los jueces federales, votará un plan para reducir, de forma retroactiva, las condenas por delitos de drogas.
La medida afronta la oposición de jueces y fiscales que no quieren dar “incentivos” a criminales pero, de aprobarse, se aplicará a 51,000 reos que ya purgan penas carcelarias.
La reducción en las sentencias, que también beneficia a los que aguardan condena, sería de un promedio de dos años pero no sería automática: los reos tendrían que solicitarla.
El voto allanaría el camino para una extensa reforma penal, que se mueve tanto por la vía federal como a través de los gobiernos estatales.
“Los gobiernos estatales hacen su parte, falta que el Congreso apruebe una ley para reformar el código penal, y esa será otra gran prueba”, dijo a La Opinión Mike Riggs, activista del grupo “Familias Contra Sentencias Mínimas Obligatorias” (FAMM, en inglés).
Pero el Congreso mantiene en el congelador una ley que reduciría las sentencias mínimas obligatorias, conocida como el “Acta de Sentencias Más Inteligentes” (“Smarter Sentencing Act”, SSA).
La SSA, sin fecha de voto definitivo, ha encontrado aliados en legisladores progresistas como el senador demócrata Patrick Leahy y el senador republicano por Texas, Ted Cruz.
Un voto favorable de la Comisión reduciría las sentencias por drogas, con la excepción de las sentencias mínimas obligatorias que impone el Congreso y que solo los legisladores pueden cambiar.
En la actualidad, por ejemplo, las leyes federales exigen una sentencia mínima de cinco años en prisión para alguien condenado por posesión de 28 gramos de cocaína crack. Si la cantidad es inferior, el juez usa las guías de la Comisión a su discreción.
Entretanto, los gobiernos estatales están en la vanguardia de la reforma del sistema de crimen y castigo, motivados por la meta de reducir el hacinamiento y el costo de las prisiones.
Con 2.2 millones de presos, EEUU es el país con la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo, y el gobierno federal afronta presiones para reducir su costo, que este año fiscal podría ascender a $6,900 millones.
Según Nancy Lavigne, experta en asuntos judiciales del Instituto Urbano, al menos 31 estados ofrecen a los presos oportunidades de reducir sus sentencias si participan en programas educativos, vocacionales y de rehabilitación para la drogadicción.
California, Georgia, Luisiana, Mississippi y Texas pueden servir de modelo. California, por ejemplo, ha reducido su población carcelaria de unos 156 mil a 110 mil , gracias a una ley que promulgó en 2011 el gobernador Jerry Brown, que modificó el manejo de personas condenadas por delitos menores. Esos presos ahora son trasladados a cárceles del condado en vez de prisiones estatales.
