Ingobernabilidad arruina economía de Guerrero

Ciudad de México – Una y otra vez durante 212 ocasiones, los manifestantes interceptaron camiones cargados con refrescos, cervezas, azúcar, aguacates, pan y todo tipo de mercancías con el pretexto de apoyar así la búsqueda de 42 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por policías municipales.

Regaron los productos o los repartieron como filántropos, bloquearon calles, incendiaron algunos de los vehículos y hasta obligaron a algunos choferes a marchar en las calles al lado de los profesores que organizan las protestas, que no cesan desde el 27 de septiembre, horas después del ataque a los muchachos en la ciudad de Iguala.

Entre los principales afectados se encuentra Coca Cola, que opera en México a través de la filial Femsa.

“Las pérdidas son millonarias”, dijo Alfonso Garza, director general de negocios estratégicos de la marca en entrevista con la cadena de televisión Milenio tras un encuentro entre dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el encargado de la gobernanza en el país, el secretario Miguel Ángel Osorio.

Los empresarios aseguran que se ha incrementado el costo de la seguridad, el gasto de inversión y el número de robos, lo que está llevando a una picada económica en el estado de Guerrero.

“Exigimos la intervención inmediata, investigación y castigo a los culpables”, precisó Juan Pablo Castañón, presidente en turno de la organización de patrones. “Están atacando cualquier iniciativa para atraer la inversión en el estado”.

Si bien las manifestaciones de los últimos meses por los desaparecidos de Ayotzinapa incrementaron el desorden callejero en la entidad, lo cierto es que la inseguridad derivada del narcotráfico y la corrupción obligó a Coca Coca a cerrar una de sus plantas en la ciudad de Arcelia desde agosto pasado, cuando criminales atacaron sus instalaciones.