Activistas acusan a Royal Coaches de lucrar con los inmigrantes
A Royal Coaches le dicen la empresa 'Roba-Coches' de Baldwin Park
Una grúa de Royal Coaches al lado de policías de El Monte en un desfile en esa ciudad en octubre. Crédito: <copyrite>Isaías Alvarado </copyrite><person> < / person>
En Baldwin Park, burlándose de su nombre, a Royal Coaches le apodan “La Roba-Coches”.
Según activistas, esta empresa de grúas se ha beneficiado de los inmigrantes sin licencia en el Valle de San Gabriel, donde ésta tiene acuerdos con cuatro ciudades y la aseguradora AAA.
“Se aprovechan del temor de los indocumentados y porque no se defienden”, dijo el abogado Paul Cook, quien ha representado a inmigrantes cuyos autos terminaron en el corralón de Royal Coaches.
En esa ciudad, la compañía ha obtenido sus mejores ingresos por los constantes retenes de sobriedad que realizó la Policía hasta hace unos años. Sólo en 2009 hubo 25 y el municipio obtuvo 1.2 millones dólares por cuotas de liberación de los vehículos incautados, más que ninguna otra ciudad de esa región.
“Están explotando a nuestra comunidad al quitarles el carro”, señaló la activista Silvia Villanueva.
A finales de 2013, decenas de autos terminaron en su depósito y sus choferes — casi todos sin papeles — fueron detenidos por varias horas porque la Policía no aceptó sus matrículas consulares.
Acostumbrada a contribuir a distintas campañas políticas en Baldwin Park,Royal Coaches también donó 500 dólares en 2011 al ahora vicealcalde de El Monte, Bart Patel, según reportes oficiales.
Patel y otros ediles decidirán en unos días si esta empresa se queda con el contrato de remolque en El Monte que dejó vacante Albert’s Towing, luego de cometer diversas irregularidades.
La contribución que recibió Patel de Royal Coaches, recalcó su vocero Xavier Hermosillo, es legal y ética. “No es ilegal votar en un asunto de alguien que te da una contribución, lo es si no lo reportas o si lo usas en beneficio personal”, dijo.
Aunque los indocumentados ya pueden obtener licencias de manejo, activistas dicen que hay muchos en el Valle de San Gabriel que no la han tramitado. El negocio, dicen, no ha terminado.
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