Exide, una injusticia ambiental que sigue vigente
Mientras que la situación en Porter Ranch se convierte en tragedia internacional, el tema de Exide aún permanece sin resolverse, y sin acatar atención siquiera del gobernador del estado
Con cierta inquietud, Lucía Jiménez observa a su hijo Alex, de dos años, quien juega en el patio de su casa, en Maywood. Le preocupa que en el jardín haya residuos contaminantes que afecten su salud.
La tierra de este jardín fue removida hace unos meses porque la vivienda es considerada una de las 191 más afectadas por los altos niveles de plomo que por décadas emitió la fábrica de baterías Exide de Vernon.
“Después de tantos años mira hasta cuándo sacaron lo del plomo”, reclamó Jiménez, quien vive ahí desde hace la década de 1980.
Al menos 10,000 casas en Maywood, Boyle Heights, Commerce, Este de Los Ángeles y Huntington Park estarían contaminadas y la salud de sus habitantes, la mayoría latinos, correría un grave peligro.
Aunque Jiménez y sus vecinos en la Calle 53 sienten cierto alivio por la limpieza de sus casas, creen que si vivieran en una comunidad anglosajona y de altos ingresos, este problema ambiental ya estaría resuelto.
La prueba, aseguran, es la respuesta gubernamental en la fuga masiva de gas natural en Porter Ranch, por la que el gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia, ordenó revisiones sanitarias e incluso se acercó a los residentes del afluente barrio del Valle de San Fernando.
Brown, en contraste, no ha visitado el sureste del condado para hablar del incómodo tema Exide.
“¿Por qué no importamos?”, cuestionó la asambleísta Cristina García, cuyo distrito abarca parte de la zona afectada. “Tenemos que preocuparnos por la salud de todas las personas del estado y se ve una diferencia entre lo que ha pasado en Porter Ranch y lo que ha pasado en mi comunidad”, añadió.
Se cree que parte de la lentitud gubernamental obedece al presupuesto y a la responsabilidad legal de las empresas señaladas.
Detrás del caso Porter Ranch está la compañía de Gas del Sur de California, mientras que Exide, que cerró su planta en 2015, planea enfrascarse en una larga batalla legal.
El Departamento estatal de Control de Sustancias Tóxicas recibió el año pasado un fondo de $7.7 millones de dólares para examinar 1,500 propiedades y limpiar 50 casas dañadas por Exide. Pero en el siguiente paquete presupuestario se contempla otra inversión de apenas 800,000 dólares.
García calcula que a ese paso tomaría hasta 30 años reunir los $100 millones que se necesitan para retirar el “veneno” que heredó Exide y brindar tranquilidad a los residentes.
“Vemos que hay una injusticia ambiental, nos avientan todo lo contaminado pero para resolver el problema nos dan largas”, expresó el activista Héctor Alvarado.
La oficina del gobernador Brown no estuvo disponible para un comentario al respecto, aunque ha declarado anteriormente que el caso Exide es una prioridad en su agenda ambiental.
Mientras la asambleísta García prepara una propuesta de ley que aceleraría la entrega de recursos para limpiar el plomo en miles de viviendas, el concejal angelino José Huízar ha instado a las autoridades estatales para resolver esta pesadilla ecológica lo antes posible.
“Nuestros residentes están en peligro de contaminación tóxica, sin embargo el estado va a paso de tortuga para hacer algo al respecto”, señaló el edil, quien vive en Boyle Heights.
En su casa en Maywood, Cecilia Gil reflexiona sobre lo que pasó en Porter Ranch y en su jardín, que estrenó tierra después de sufrir durante treinta años por las sucias operaciones de Exide.
“Los ricos siempre son los que mandan, nosotros siempre estamos al final”, expresó.
Su vecino, John Rice, un anciano blanco que vive en esa ciudad desde 1952, aclara que pesa más el ingreso de una comunidad que la raza. “El dinero habla y por eso nosotros no tenemos voz”, dijo.