MÉXICO, D.F. Un capitán Segundo de Infantería y tres tenientes de Caballería se pasaron del lado enemigo y esa traición les costará 29 años de cárcel, según la sentencia de un juez tras ser descubiertos como espías de los hermanos Beltrán Leyva y el capo Ismael “El Mayo” Zambada.
Ricardo Santos Vázquez, Jaime Guatemala Niño, Francisco Jiménez García y José Manuel Reyes Flores fueron condenados a unos días de que el Congreso mexicano aprobara reformas al Código de Justicia Militar, que da entre 15 y 60 años de cárcel a los soldados que al unirse al crimen organizado o brindarle información “traicionen a las Fuerzas Armadas”.
Los sentenciados fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) el 12 de junio de 2009, en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación en el marco de la Operación Limpieza.
La investigación acreditó que los militares ayudaban con información a las bandas criminales “que les permitía evadir la acción de la justicia y operar con impunidad” en delitos contra la salud, informó la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO).
Además de ir a la cárcel, tres de los soldados deberán pagar alrededor de 740,000 dólares de multa por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y el cuarto unos 15,000 dólares por razones similares.
Desde 2006 a junio de 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reportado 142 casos de integrantes de sus filas procesados por vínculos con el narcotráfico en el país, principalmente en los estados del norte (Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Chihuahua), aunque también en el sur y centro, como Guerrero, Morelos, Estado de México y Veracruz.
El pasado 2 de octubre, los soldados Jonathan Obed Molina López, de 22 años, y Francisco Daniel Zúñiga Salinas, de 21, fueron detenidos por la policía de Chihuahua acusados del secuestro de una niña de 13 años que realizaron en sus días de descanso.
La Sedena aseguró que aplicará la política de “cero tolerancia” contra elementos de sus filas y avaló un juicio civil en contra de los dos militares en el estado fronterizo.
En julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los miembros del ejército que secuestren, violen o desaparezcan a personas serán juzgados fuera de los tribunales militares; sin embargo, deberán ser los jueces civiles quienes peleen por atraer la jurisdicción de los casos.
Las nuevas medidas han tenido buena recepción entre organizaciones denunciantes de violaciones de derechos humanos por parte del ejército mexicano, pero insisten en que los castigos deben ser en la misma proporción de las denuncias.
“Desgraciadamente esto ocurre a cada rato y debería de frenarse con más ejemplos, aunque creo que hay un problema de origen: no está funcionando la estrategia basada en el uso de la fuerza pública en lugar de la inteligencia”, dijo Leonel Aguirre.
El presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa ha documentado en 2011 unas 16 quejas de civiles contra soldados; 52 desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón y desplegó a las Fuerzas Armadas en el país en contra del crimen organizado.
“Desde que llegaron los soldados, en lugar de haber 500 asesinatos dolosos por año la cifra subió a 2,000”, dijo. “También ha habido 253 desapariciones forzadas.
Aguirre denuncia que regularmente los soldados utilizan la intimidación para hacer desistir a los denunciantes. “No hace falta más que poner a unos cuantos uniformados afuera de su casa para meter miedo”.
