Preocupa ley de inmigración SB20 de Carolina del Sur

CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE).- La implementación de la ley de inmigración SB20 en Carolina del Sur en enero de 2012 preocupa a las diferentes organizaciones de fe del estado ante la posibilidad de perder feligreses y ser multados por transportar indocumentados.

“Esta legislación es inhumana”, afirmó hoy a Efe el padre Alfredo González, de la congregación episcopal San Mary’s, en Columbia, capital del estado.

“Sin haber entrado en vigencia, está afectando a las familias hispanas, que tienen miedo de salir de sus casas, realizar su vida diaria con normalidad, e inclusive venir a la iglesia”.

Según el sacerdote, de origen costarricense, el ministerio hispano que funciona desde 2006 se ha reducido de 300 a 200 familias, la mayoría eran inmigrantes sin documentos, que decidieron regresar a sus países de origen o mudarse a otros estados.

“Lo peor es el mal que la SB20 está haciendo a los niños”, señaló.

El clérigo anglicano contó que mientras en la escuela de verano pasado recogía a unos niños de sus casas para las clases estos vieron un policía y trataron de esconderse en el autobús.

“Nos duele mucho porque estos hijos de inmigrantes provienen de familias trabajadoras, que llegaron a este estado en busca de una mejor vida y además han contribuido al desarrollo de Carolina del Sur”, acotó.

Al menos dos demandas, una del Departamento de Justicia y otra de grupos de defensa como la Unión de Libertades Civiles (ACLU) e inclusive una pastora, Sandra Jones, de Spring of Life Lutheran Church, buscan detener la aplicación de la SB20.

Uno de los argumentos en contra de la ley es que ésta penaliza con cárcel y multas a personas que transporten inmigrantes sin estatus migratorio, lo que incluye a trabajadores religiosos.

Bajo la legislación, durante un operativo rutinario de tránsito, los agentes del orden público pueden cuestionar la situación migratoria de una persona si existe una “sospecha razonable” de que es un indocumentado.

“Hemos pospuesto nuestros planes de iniciar ministerios de adultos y jóvenes porque la gente está nerviosa que la policía pida sus papeles. Las donaciones han bajado inclusive ya que algunos feligreses creen que incurrirán en un delito si ayudan a los sin papeles”, detalló Jones en la acción legal.

En reunión el pasado 17 de octubre, tres obispos de Carolina del Sur y 45 miembros de organizaciones de fe del estado, pertenecientes al grupo LARCUM, conformado por luteranos, anglicanos, católicos y metodistas, abordaron el tema migratorio.

Los religiosos reconocieron las dificultades que están teniendo las iglesias cuando tocan este tema, ya que reconocieron que hay feligreses que favorecen leyes estrictas contra la inmigración indocumentada pero a la vez deben tener una respuesta cristiana para resolver las necesidades de personas en crisis.

“Debe haber un balance entre asegurar las fronteras y una reforma migratoria, tratar a todas las personas, legales o indocumentados, con dignidad y compasión”, reiteró en la reunión el obispo católico, Robert E. Guglielmore.

En marzo pasado, el líder de la iglesia católica en Carolina del Sur envió una carta a sus devotos urgiendo reflexionar sobre los “daños colaterales” que legislaciones locales de inmigración -como la SB20- podrán generar al estado.

“El sistema migratorio en este país no sirve pero arreglémoslo en la manera que ninguno de los hijos de Dios salga herido y sobre todo con compasión”, reiteró Guglielmore.

Otros, por su parte, como el Church World Services, se apoyan en la Biblia y la manera como el libro de Dios toca el tema de los extranjeros e inmigrantes.

“Jesús insiste que hay que dar la bienvenida a los extraños y ayudarlos en sus necesidades. La salvación está ligada con la manera que le respondamos”, enfatizó Joan Maruskin, coordinador de programas religiosos de la organización.

Desde las discusiones de la aprobación de la SB20, los líderes religiosos de Carolina del Sur han sido enfáticos en oponerse a legislaciones que no sólo afectarán a los sin papeles sino a sus hijos nacidos en el país.

Han solicitado una moratoria a las autoridades de inmigración para no realizar más retenes y detención de indocumentados apuntando que “separan familias”.

A pesar de la realidad, González aseguró que los religiosos siguen trabajando en lo posible para encontrar soluciones para sus feligreses.

El hispano explicó que recientemente varias iglesias negociaron con la policía de los condados Lexington y Richland la aceptación de un carné con información del portador, la congregación a la que pertenece y el nombre del pastor.

“Esto para evitar que los detengan y sigan pasando desgracias en la comunidad”, reiteró.

Los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población del estado, es decir, 235,893, en comparación con 95,076 (2.%) en 2000 y 30,551 (1.1 por ciento) en 1990, con cerca de 55 mil indocumentados, según el Pew Hispanic.