Promueven agenda pro inmigrante

Así como en Arizona y Alabama se han promovido legislaciones que restringen derechos a los inmigrantes sin papeles, en California se estará impulsando una iniciativa que otorgaría permiso de trabajo legal a los indocumentados.

Se trata del “Plan California”, una iniciativa que ayer se reveló en el Congreso Latino que se llevó a cabo en el Pitzer College de Claremont, con la cual se estaría desafiando a las leyes federales ante la inacción del Congreso y de la Casa Blanca respecto a la reforma migratoria.

“El Plan California plantea ofrecer estatus legal que da derecho a trabajar a los inmigrantes indocumentados que alcanzan ciertos requisitos solo en California”, mencionó Antonio González, integrante del comité organizador del Congreso Latino.

Si los indocumentados cumplen con el pago de impuestos, no tienen delitos graves, no reciben beneficios del Welfare, entre otros, y son aprobados luego de un proceso de revisión, recibirían un número como el del Seguro Social, pero californiano, con el cual podrían trabajar de manera legal en el estado, explicó González.

Se estima que tres cuartas partes de los indocumentados en California podrían resultar beneficiados con este plan.

Este año el Congreso Latino, en su edición estatal, un evento anual que reúne a organizaciones que promueven los derechos de los hispanos, se enfocó en impulsar esta iniciativa como parte de su agenda pro inmigrante.

“Es un plan que hemos diseñado muy cuidadosamente para ganarlo en las elecciones estatales”, indicó González.

La próxima semana se estará iniciando el proceso administrativo en el gobierno estatal, para en enero dar inicio a la recolección de firmas (esperan recabar 750 mil en cuatro o cinco meses) y que aparezca en la boleta electoral de las elecciones de noviembre de 2012.

González calificó el Plan California como la antítesis de las leyes de Arizona y Alabama.

“Estamos usando poderes estatales y pidiendo un permiso de Washington, D.C., para hacer esto, porque confrontamos las leyes federales. Otros estados ya han hecho políticas públicas migratorias y han sido avaladas por la Suprema Corte”, mencionó en referencia a las legislaciones antiinmigrantes de Arizona y Alabama.

Sería una iniciativa de confrontación de las leyes federales como se hizo con la legalización de la marihuana para uso medicinal, apuntó.

Según las encuestas, más del 60% de los votantes, incluyendo a los electores anglosajones, aprobarían la iniciativa.

Nativo López, director de la Asociación Política México Americana (MAPA), dijo que uno de los objetivos del Congreso Latino es cambiar la narrativa sobre la reforma migratoria.

“Uno de los problemas más candentes es el de immigración, ya que no ha habido ninguna reforma federal, ni un indicio verdadero a nivel federal, lo que nos impone a nosotros, a nivel de estado, la prioridad de tomar la iniciativa para ver la forma de llevar a cabo una reforma migratoria estatal, ya no poner la confianza en los legisladores federales o en la Casa Blanca”, mencionó.

Y es que los participantes en el Congreso Latino reconocieron la pocas probabilidades de que a nivel federal se pueda llevar a cabo una reforma migratoria que ofrezca garantías a los indocumentados.

En el Congreso Latino estuvo presente el supervisor Mark Ridley-Thomas, quien habló sobre la importancia de colaborar para promover soluciones y contribuir en la discusión de los temas que afectan a la comunidad.

Se enfocó más en la necesidad de reformar el sistema de justicia criminal, en específico la Ley de los 3 Strikes.

El supervisor la calificó de una ley costosa que no resuelve los problemas de reincidencia delictiva y de inseguridad.

En el Congreso Latino también se abordaron temas de educación, empleo, reconfiguración de distritos electorales, medio ambiente y justicia económica.

“It’s a big paquete”, comentó Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), una agenda que busca construir poder político para obtener cambios sociales.