Críticas al propuesto plan de incautaciones

El gobierno de Los Ángeles no sólo quiere dejar de confiscar autos de conductores sin licencia de manejar en las paradas de tráfico de la Policía (LAPD), una medida que sus opositores intentan detener a toda costa por distintas vías, sino impedir que este procedimiento derive en una deportación.

Esto ha ocurrido por la participación involuntaria del LAPD en el programa Comunidades Seguras, por medio del cual la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) notifica a las autoridades migratorias cada vez que, al revisar los antecedentes penales de un detenido, detecta que está ilegalmente en el país.

Cerca de 6,000 indocumentados en este condado (casi el 50% del total de arrestos) que solo cometieron violaciones de tránsito, faltas menores o no tenían acusaciones pendientes fueron deportados entre agosto de 2009 y enero de 2011. En el caso de los primeros, sus vehículos terminaron en los corralones y, si nadie pagó para recuperarlos, fueron subastados por las empresas de grúas.

“Estamos hablando con el jefe de la Policía [Charles Beck] sobre este asunto. Hemos tratado de estar en una posición de impedir que se metan las autoridades federales”, dijo el concejal Ed Reyes a La Opinión. “Nuestro objetivo es mantener la postura de la Orden Especial 40 [que impide a los agentes del LAPD detener a una persona sólo para verificar su estatus migratorio]”, indicó el edil.

Sin embargo, la ciudad de Los Ángeles no ha podido apartarse del programa Comunidades Seguras desde junio pasado, cuando el Concejo aprobó una resolución que respaldó una legislación estatal que le permitiría salir de la polémica iniciativa federal. Mientras que la revisión de huellas dactilares con el apoyo del FBI continúa siendo un procedimiento habitual de los agentes del LAPD. En suma, no han parado las expulsiones de indocumentados.

En tanto, la Comisión de Policía aprobó este martes elevar un 2.41% las cuotas por remolque y almacenamiento de autos incautados. A partir del 1 de enero de 2012 se pagarán 113 dólares por cada hora o fracción de tiempo que tome transportar un coche y otros 35 dólares por cada uno de los 30 días en que debe permanecer en un corralón, casi un 100% más de lo que se pagaba en el año 2000.

Ayer, en respuesta al anuncio del alcalde Antonio Villaraigosa de cambiar la política de confiscación del LAPD a partir de enero de 2012, la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC) y la Liga Nacional de Abogados (NLG), que han denunciado supuestos abusos y racismo en esta práctica, solicitaron acelerar la implementación de la nueva norma. “Pedimos que al alcalde no retrasar esta nueva política de incautación y ponerla en práctica inmediatamente. De este modo, las familias de inmigrantes podrán transportarse en esta temporada vacacional para visitar a familiares que no han visto desde hace tiempo debido al aumento de los operativos del LAPD contra conductores sin licencia”, exponen ambos grupos en un comunicado.

También lo invitaron a que, como presidente de la Conferencia Nacional de Alcaldes, abogue para que sus homólogos en todo el país y el jefe del Sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca, modifiquen sus políticas locales de decomisos de coches.

Pero la Asociación de Corralones Oficiales de la Policía de Los Ángeles (OPG), que se encarga de remolcar y almacenar los autos decomisados por el LAPD, obteniendo jugosas ganancias, también ha presionado desde su trinchera para que el nuevo protocolo no entre en vigor. El año pasado sus grúas transportaron casi 140,000 vehículos referidos por dicha corporación, generando 20.5 millones de dólares a las arcas públicas.

“Permitir a los conductores sin licencia que llamen a una persona con licencia para recuperar el coche o mover el auto a un lugar de estacionamiento apropiado viola precedentes legales y pone en peligro la seguridad pública”, advierte en un documento enviado al jefe y distintos mandos del LAPD, la Comisión de Policía, la Procuraduría Municipal, el Concejo de la ciudad y el Sindicato local de Policías.

“Hemos visto repetidamente cómo la falta de incautación de autos incrementa el riesgo de lesiones y de morir. La decisión de no confiscar podría tener consecuencias fatales para víctimas inocentes”, subraya la asociación, que cita el caso de un niño de cuatro años de edad que murió en septiembre pasado luego de ser atropellado por un chofer sin licencia en Santa Rosa, en el norte de California.

La Liga de Protección de Policías de Los Ángeles (LAPPL), que además ha advertido que la nueva política de decomisos pondría al municipio en una situación vulnerable por demandas derivadas de los daños ocasionados por coches que no fueron retenidos, indicó que esperará a que ésta entre en vigor para analizar si intenta derrotarla en los tribunales o en la Comisión de Policía.

El grupo interpuso una queja ante los comisionados del LAPD, argumentando que no confiscar coches en retenes de sobriedad limita la habilidad de la corporación de aplicar la ley y pone en riesgo la seguridad de los angelinos. “Un conductor sin licencia comunmente ignora la leyes… [y] el costo y la inconveniencia de la recuperación de un vehículo confiscado desalienta a conducir a las personas sin licencia”, afirma en un comunicado enviado a esta redacción.