En defensa del consumidor

La Oficina de Protección al Consumidor Financiero es una pieza clave en la reforma de Wall Street. Para que pueda funcionar adecuadamente urge que el Senado confirme cuanto antes a su director Richard Cordray.

La Ley Dodd-Frank que estableció un nuevo marco regulatorio en Wall Street después del derrumbe del 2008 no tiene la fuerza necesaria para asegurar que no se repitan las burbujas financieras que causó la Gran Recesión. Sin embargo, uno de sus mejores aspectos fue la creación de una oficina para proteger y educar al consumidor. A pesar que la jurisdicción de esta oficina está limitado al sector financiero que no es bancario, esta afecta a cientos de millones de consumidores que poseen tarjetas de crédito y realizan transacciones de varios tipos. .

Los legisladores republicanos se oponen a que haya más regulación financiera de la poca que hay en la actualidad, y se han opuesto a confirmar al titular de esta oficina a menos que se le cambie de manera que no sea un ente independiente con un director sino una junta bipartidista. Es evidente que la idea detrás de esta postura es hacer una oficina sin poder ni autoridad.

Hasta ahora los opositores en el Senado a esta entidad han sido exitosos en detener el funcionamiento de la oficina al bloquear la designación de su director que debe establecer normas para la regulación.

Los consumidores fueron las víctimas principales de la crisis hipotecaria que cayeron en la tentación de asumir deudas que no podían pagar y terminaron perdiendo dinero y casa, mientras que Wall Street obtuvo grandes ganancias vendiendo esa deuda asumida por el propietario.

Por entonces se sabía de irregularidades en los préstamos, pero nadie protegió al consumidor ni lo educó de los peligros. Creemos que una Agencia de Protección al Consumidor Financiero pudo haber actuado en ese momento, así como puede proteger al consumidor actual y futuro de prácticas depredadoras.

No hay que olvidar las causas de la crisis pasada y el impacto que tiene todavía en los estadounidenses. El Senado debe confirmar a Cordray e impedir que los consumidores caigan víctimas de la avaricia de otros.