Apoyan obispos de California suspender pena de muerte
La conferencia de obispos católicos de California se pronunció en apoyo a una campaña que busca sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua en el estado.
San Diego (Notimex) – La conferencia de obispos católicos de California se pronunció en apoyo a una campaña que busca sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua en el estado.
La organización Ahorro, Responsabilidad y Aplicación (SAFE por su sigla en inglés) informó este viernes que los obispos en California confirmaron en una carta su apoyo a la campaña y en la recaudación de firmas de electores para llevar la iniciativa a elección.
Entre los dirigentes de SAFE están las religiosas Jeanne Woodford, ex encargada de la prisión de San Quintín, única cárcel de California que aplica la pena capital.
Así como la hermana Helen Prejean, cuya historia protagonizaron Susan Sarandon y Sean Penn en la cinta Hombre Muerto Caminando.
Woodford comentó en un comunicado que los obispos católicos y sus congregaciones en California ahora hacen causa común con familiares de víctimas de asesinatos y con representantes de instituciones del orden para cambiar la pena de muerte por la cadena perpetua.
“Como católicos, consideramos la vida humana como algo sagrado. Al ejercer la justicia, este principio debe prevalecer en el trato mutuo que nos damos, incluso para con aquellas personas que hayan cometido un daño grave”, dijo Woodford.
Prejean recordó que el papa Benedicto XVI instó a los católicos en noviembre pasado a persuadir a los políticos y legisladores para eliminar la pena de muerte y a continuar.
Dijo que “no se puede pedir un mandato más claro para la acción”.
Desde que California implementó la pena de muerte, esa sentencia ha costado al estado unos $4 mil millones, de acuerdo con una iniciativa de ley de este año de la senadora estatal Lori Hancock. Esa cifra es básica en la campaña de SAFE.
Actualmente hay 714 condenados a muerte en California, según informó el Departamento estatal Penitenciario.
El estado gasta unos $308 millones en promedio por cada ejecución, incluidos $124 millones para abogados defensores que los acusados o encontrados culpables no pueden pagar.
La organización SAFE considera por otra parte que la sentencia a muerte es insuficiente para detener la delincuencia violenta en California, donde “el 46% de los homicidios y el 56% de las violaciones sexuales quedan sin resolverse cada año”.