Posponen la deportación de miles sin papeles

Plan piloto en Denver y Baltimore cierra 1,600 casos; críticas al proceso de revisión

Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica.

Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica. Crédito: EFE

Washington, D.C.- Como un estudiante que prometía mucho y ha entregado poco. Así califican líderes locales y nacionales, la primera etapa de la revisión de los 300 mil casos de deportaciones pendientes. Oficiales de la Administración insisten, en que se debe tener paciencia, en un proceso que recién se ha iniciado.

El gobierno ya finalizó los programas pilotos para revisar deportaciones en Baltimore y Denver. La evaluación de cerca de 12 mil casos, se extendió por seis semanas.

Un grupo interagencias formado por el Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia, está encargado del nuevo sistema, iniciado con 7,800 casos en Denver y 5 mil en Baltimore.

Los primeros datos entregados por el gobierno, indicaron que en Denver, 1,300 expedientes, es decir un 16% de los casos revisados, recibieron un cierre administrativo. En tanto en Baltimore, un 10% de los 3,759 casos revisados hasta ahora, recibieron el mismo beneficio. Esto implica que la deportación es pospuesta por un tiempo considerable, pero no otorga ningún tipo de estatus legal.

“Estamos preocupados. Cerca de un 60% de los casos no han tenido una representación legal adecuada. Esta es una población vulnerable. El análisis caso a caso, requiere de cierta documentación para probar algunos puntos, la gente no sabe qué llevar”, aseguró Laura Lichter, presidenta electa de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Denver.

“Es como ver a un estudiante muy prometedor no llegar a las metas esperadas. Hay muchos puntos que nos gustaría ver más claros, antes del lanzamiento de la revisión a nivel nacional”, agregó a La Opinión.

“Este ha sido un proceso lento y limitado. Hay una gran desinformación en general. Desde mi perspectiva, entiendo que al interior del Servicio de Control de Inmigración (ICE) también existe preocupación”, insistió la abogada Ana Gallagher.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe realizar un mejor trabajo educando a la comunidad. Explicando la política, los criterios que se han seguido. Hay tanto trabajo por hacer aún”, explicó Julie Gonzales, directora política de Colorado Immigrants Right Coalition.

Respecto a las críticas en el proceso, la nueva directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo a La Opinión que los oficiales de ICE y DHS están dialogando con organizaciones comunitarias en Baltimore y Denver. “Así se lleva a cabo el proceso y mejora; escuchando y recibiendo información”, dijo.

“Estos no son los números finales. Es muy temprano para juzgar y realizar proyecciones en todo el país. Estamos viendo resultados preliminares, todavía se están realizando chequeos de antecedentes. El proceso va a ir perfeccionándose”, resaltó.

Hasta ahora, tanto en Baltimore como Denver, se ha otorgado acción diferida en algunas situaciones excepcionales. Un recurso que permite eludir la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

En cambio, para la mayoría de las personas que han recibido el cierre administrativo, el panorama laboral no es alentador. El individuo puede postular a un Documento de Autorización de Empleo (EAD)” con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Actualmente, quienes cumplen ciertas condiciones, pueden acceder a este permiso temporal. Por ejemplo, estudiantes con visa F1, esposos de trabajadores con visa J1, aquellos que han recibido acción diferida, refugiados, entre otros.

El problema es que sólo una pequeña proporción de las personas con sus casos cerrados, cumpliría con la documentación requerida para postular a un EAD.

“Serán elegibles sólo bajo las regulaciones actuales […] Esto es lo que se puede hacer, con el sistema que tenemos”, explicó Muñoz a La Opinión.

Líderes republicanos como el congresista Lamar Smith (R-TX) han criticado el proceso en general. “Los resultados de los programas piloto muestran que la amnistía encubierta del presidente Obama, sólo funciona para los inmigrantes ilegales”, declaró.

Todavía no está claro cuál será el siguiente paso en el examen de los cerca de 288 mil casos de deportaciones pendientes, que aún quedan por analizar. Funcionarios de DHS no han entregado más detalles respecto a si la revisión y continuará por zonas o se realizará una expansión a nivel nacional.

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