Insisten en pedir un alto a ‘Comunidades Seguras’

Activistas y líderes religiosos en San Francisco se pronunciaron de nuevo en contra del programa federal conocido como S-Comm

Insisten en pedir un alto a ‘Comunidades Seguras’
Líderes religiosos y activistas siguen luchando contra S-Comm en San Francisco.
Foto: José Luis Aguirre / El Mensajero

SAN FRANCISCO.— Cerca de 2,500 personas, incluyendo líderes religiosos del Área de la Bahía e integrantes de organizaciones comunitarias pro inmigrantes, se congregaron en la catedral de San Francisco para pedir un alto al programa de Comunidades Seguras en California, conocido como S-Comm.

Activistas de los derechos humanos que están en contra del programa federal, creado inicialmente para identificar y detener a extranjeros criminales, argumentan que lo que ha hecho Comunidades Seguras es deportar a miles de inmigrantes que sólo han incurrido en faltas menores, como conducir con una luz del vehículo rota.

“El número de deportaciones ha alcanzado cifras récord, nunca antes vistas en la historia de este país”, dijeron líderes de SFOP, San Francisco Organizing Project, patrocinadores del evento junto a la oficina de Políticas Públicas de la Arquidiócesis de San Francisco.

Estadísticas presentadas por SFOP revelan que entre mayo de 2009 y diciembre de 2011 fueron deportados más de 63 mil californianos, la cifra más alta en todos los estados de la nación, de los cuales siete de cada 10 personas deportadas no habían cometido ningún crimen.

“No podemos permitir que haya más dolor por la separación de las familias ni que nuestra gente siga viviendo con miedo por culpa del programa de Comunidades Seguras”, dijo el Arzobispo George Niederauer. “Necesitamos respetar la dignidad de todas las personas, tengan documentos migratorios o no”, agregó el líder de la iglesia católica de San Francisco.

Los participantes al evento hicieron un llamado al gobernador de California Jerry Brown y a la fiscal general Kamala Harris, quienes no estuvieron presentes, para que limiten la participación del estado en el programa Comunidades Seguras.

“Pasar una reforma migratoria es casi imposible este año electoral, pero a nivel local podemos presionar para cambiar las leyes estatales y proteger a los inmigrantes”, afirmó Apolonio Morales, director ejecutivo interino de BOCA, Berkeley Organizing Congregations for Action.

Este argumento también lo comparten Mark Silverman, abogado del Centro Legal para Inmigrantes y Christopher Martínez, director del programa de inmigración de Caridades Católicas de San Francisco quienes recomiendan a quienes son ciudadanos de este país registrarse para votar para que sus necesidades se vean representadas.

De acuerdo con Martínez, S-Comm ha generado temor entre la población inmigrante y ha hecho que este grupo le pierda la confianza a la policía.

“La gente no se quiere acercar a ninguna agencia del orden a denunciar los crímenes por miedo a ser arrestados y deportados por no tener documentos”, explicó Martínez.

El ex alguacil de Sacramento, Arturo Venegas, quien es miembro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía y fundador de la iniciativa Law Enforcement Engagement, LEEI por sus siglas en inglés, dijo que ninguno de sus policías está de acuerdo con S-Comm y que esa medida había hecho más difícil su trabajo.

LEEI fue creada para avanzar en el diálogo de una reforma migratoria y desde la perspectiva de las agencias del orden educar a la población y los políticos sobre los efectos que tiene un sistema migratorio que no funciona y que amenaza la seguridad nacional, según Venegas.

Precisamente, el asambleísta demócrata por San Francisco Tom Ammiano está trabajando en una iniciativa que busca restablecer la confianza de la gente con los departamentos de policía. Se trata del proyecto de ley AB 1081, conocido como TRUST Act, que le daría a los gobiernos locales la opción de participar o no el programa de Comunidades Seguras.

Ante los asistentes al evento, el político se comprometió a presentar una propuesta revisada de este proyecto al congreso de California en un periodo de un mes, ya que la iniciativa no fue aprobada el año pasado.