Crece la deuda durante época electoral

Jesús González Schmal, excandidato al gobierno de Coahuila, asegura que el hermano del actual gobernador Rubén Moreira, usó deuda estatal para pagar campañas priístas en otras entidades.
Crece la deuda durante época electoral
Humberto Moreira (izq.), dejó la presidencia del PRI ante acusaciones por endeudar a Coahuila falsificando documentos.
Foto: Archivo

MÉXICO, D.F.- Los estados mexicanos utilizan los pagos de cuotas de agua potable, peaje vehicular, certificados bursátiles y hasta la recaudación del impuesto sobre nómina o la tenencia de autos como garantías de endeudamiento ante la banca que se disparó en algunas entidades hasta a más del 1,000%, casi siempre en época electoral.

Entre 2009 y 2010, periodo en el que se renovó el Congreso federal así como los gobernadores en 10 estados y sus respectivas cámaras legislativas, el monto total ascendió a 9,500 millones de dólares que representan el 42% más respecto a los dos años anteriores, de acuerdo con un análisis de endeudamiento en la última década realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esos 24 meses fueron claves para el mayor endeudamiento de los estados de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, Coahuila, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz, que de participar con el 22.2% en el año 2000, aumentaron al 46.3% del total a marzo de 2011.

“Es increíble que en el país no tengamos los instrumentos necesarios para limitar los préstamos de los bancos para deuda pública ni para controlar a los congresos que permiten el endeudamiento de sus gobiernos en épocas de campaña”, dijo la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Esthela Damián.

“Hace falta amarrarles las manos antes de que se vuelva un problema económico nacional”.

La deuda es algo relativamente nuevo para los estados y municipios en México. Hace poco más de una década era muy difícil para un gobierno estatal o municipal adquirir deuda pues sólo se autorizaba por los recursos que recibían de nivel federal hasta que las instituciones financieras flexibilizaron sus servicios.

Así los gobierno locales tienen carta abierta para endeudarse únicamente cuando se trata de inversión productiva o por topes de montos preestablecidos -como ocurre en 17 de los 32 estados-; sin embargo, los legislativos locales regularmente dan luz verde, aún en contra de las prohibiciones.

“Existe una ley general de deuda que debería alertar sobre el problema pero no se cumple porque son los congresos los que están autorizando los endeudamientos aún cuando les corresponde supervisar e informar a la Auditoría Superior de la Federación de las anomalías”, subraya Flavia Rodríguez, directora de Finanzas y deuda pública de la consultoría Aregional.

Por ejemplo, no se puede contratar endeudamiento en el último año de gobierno estatal, pero eso sucedió en San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila porque los autorizó el Congreso.

En esta última entidad, el exmandatario estatal Humberto Moreira incrementó sus pasivos de 24 millones de dólares al inicio de su administración, a 2,461 millones de dólares, un escándalo que le costó el cargo como presidene nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales del año pasado.

En crisis políticas más recientes, el decomiso de casi dos millones de dólares en efectivo transportados en un avión del estado de Veracruz levantó suspicacias por presunto desvío de recursos a la campaña del precandidato priista a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

“Estamos en un año electoral, donde el riesgo latente de utilizar recursos públicos para las campañas es latente: se pueden desviar los recursos federales, estatales o municipales, pero también puede adquirir deuda pública”, alertó la diputada Damián.

Veracruz incrementó al máximo su endeudamiento en el penúltimo cambio de gobierno -que llevó a Fidel Herrera al poder en 2004 –. Entre el año 2000 y 2006 el porcentaje a la alza fue del 21,420.8%.

La mayoría de las deudas se dan en un marco de opacidad de las finanzas públicas estatales.

Los resultados del Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que los estados no hacen público los detalles del uso de los créditos adquiridos.

En todo el país, sólo el estado de Guerrero desgloza la estructura, condiciones de la contratación y amortización de la deuda pública.

Entre diciembre de 2000 y marzo de 2011, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios de México subió de alrededor de 4,500 millones de dólares a unos 26,250 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.