Enjuician por masacre a un exgeneral guatemalteco
Este litigio forma parte de una ola de recientes aperturas de casos sobre denuncias de crímenes de lesa humanidad y violación a derechos humanos en México y Centroamérica durante 80s, 90s y la actualidad.
GUATEMALA.- Un general del ejército de Guatemala que fue extraditado por las autoridades estadounidenses comenzó a ser enjuiciado el jueves por su presunta participación en una masacre que dejó más de 200 campesinos muertos a inicios de los años 80, cuando el país vivía un conflicto armado interno.
El general Pedro Pimentel Ríos, quien formaba parte de una unidad comando de las fuerzas armadas guatemaltecas denominada Kaibil, es acusado de tener responsabilidad en una operación en la que los habitantes de la aldea Dos Erres, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, fueron brutalmente asesinados por militares.
Edgar Pérez, abogado de las víctimas dijo que hay por lo menos 100 personas dispuestas a testificar.
“Ningún miembro de la pandilla kaibil protestó o se opuso aunque sí eran órdenes ilegales, inconstitucionales y violaciones a los derechos humanos”, testificó el general de división de Perú, Rodolfo Robles el cual ha estudiado los planes militares del conflicto armado interno en Guatemala.
Pimentel Ríos, de 54 años, fue extraditado por Estados Unidos, en donde el sindicado trabajaba como empleado de mantenimiento en Santa Ana, California.
Cuatro militares fueron hallados culpables de la matanza en agosto y sentenciados a condenas de más de 6,000 años de prisión. El Tribunal explicó que les había impuesto 30 años de cárcel por cada una de las víctimas, más otras penas adicionales. Pese a la abultada condena, la legislación guatemalteca establece un máximo de 50 años de prisión efectivos para cualquier persona.
El 7 de diciembre de 1982, 17 kaibiles, como se denomina a los comandos élite del ejército, ingresaron a la Dos Erres apoyados por 40 militares más que resguardaron el perímetro, según el expediente judicial.
Los soldados buscaban 21 fusiles que el 22 de octubre de 1982 la guerrilla había robado al Ejército en una emboscada, un incidente que desató sospechas respecto a la lealtad de los lugareños hacia las fuerzas insurgentes.
Al incursionar en la comunidad, los militares sacaron a los pobladores de sus casas, los separaron por sexo. A los hombres los llevaron a la escuela de la comunidad y a las mujeres a la iglesia. Antes de matarlos, a unos los torturaron y a las féminas las golpearon y violaron.
El conflicto armado, que concluyó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas, dejó más de 200, 000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.