No quieren más multas por llegar tarde al plantel
Cabildo votará la próxima semana si refrenda el cambio en el código municipal
Con un voto unánime el Concejo de Los Ángeles aprobó de manera preliminar un cambio en su código municipal que dejaría de multar a los alumnos menores de edad que lleguen tarde a la escuela, pero seguiría sancionando a quienes abandonen las aulas intencionalmente.
La iniciativa, que ha sido turnada a la Procuraduría local para afinar su lenguaje y que regresará al Cabildo la próxima semana con altas probabilidades de convertirse en ley, cancelaría las infracciones a los estudiantes que se dirijan al colegio durante los primeros minutos de iniciadas las clases, aunque los forzará a que tomen programas de consejería o a realizar servicio comunitario.
Para una tercera o más ofensas las sanciones iniciarían desde 20 dólares y tendrían un tope de 180 dólares. Los estudiantes indigentes estarían exentos de este pago. Bajo el esquema actual, los padres de los alumnos castigados por las fuerzas del orden deben pagar alrededor de 800 dólares.
“Lo que proponemos es que llegar tarde a la escuela por circunstancias no controladas no debería ser tratado como un crimen”, expresó el concejal Tony Cárdenas, autor de la ordenanza, cuyo propósito es que los policías guíen a los chicos a las aulas en lugar de golpear el bolsillo de sus tutores.
“El ausentismo escolar no es un asunto judicial, sino de estudiantes, de sus familias, de la escuela y de la comunidad”, expresó Michael Nash, juez de la Corte Juvenil del condado de Los Ángeles, quien resaltó que el llamado “toque de queda” está enfocado en “empujar a las personas a no tener éxito”.
De 2004 a 2009, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió 47,000 multas a estudiantes que se encontraban fuera de las escuelas (62% las recibieron chicos hispanos y 20% negros); mientras que en ese período, según el Departamento estatal de Educación, el ausentismo escolar subió de 5% a 28%.
Grupos comunitarios aseguran que muchos de los castigados no pudieron llegar a tiempo a sus colegios porque el autobús se retrasó o porque pasó de largo por transportar a muchos pasajeros.
Eso le pasó a Rosa Solache, de la preparatoria Roosevelt de Boyle Heights. Una mañana el autobús no cumplió con su itinerario y ella no estuvo a tiempo en su escuela. Al llegar, la recibieron dos policías y una sanción de 280 dólares, que difícilmente pagó su familia.
“La verdad es que llegaba tarde a clases por primera vez”, comentó la alumna, quien desde entonces ha luchado para que otros adolescentes no pasen por la misma situación. “Hemos sido tratados como criminales sólo por llegar con retraso”, continuó.
Mónica García, presidenta de la Junta Escolar de Los Ángeles, aplaudió que la propuesta beneficiará a los 700,000 alumnos y reducirá la elevada tasa de deserción escolar. “Algunos jóvenes necesitan cambiar su comportamiento y también nuestras instituciones”, manifestó.
Antes de que el tema fuese discutido por el Concejo Municipal, decenas de estudiantes se congregaron afuera del Ayuntamiento de Los Ángeles portando pancartas con las frases: “Consejeros no policías”, “¡Despenalizar el ausentismo!” y “Escuelas no deben ser pre-prisiones”.
Algunos vestían overoles color naranja, similares a los que portan los reos del estado de California.
“Debemos encarrilarlos en sus estudios, en lugar de ponerles esposas”, insistió Laura Faer, directora de derechos educativos del Centro Legal de la Defensoría Pública.
El concejal Cárdenas aclaró que su iniciativa no es un “permiso para llegar tarde”, recalcando que aún habrá consecuencias para los chicos que se vayan de “pinta”.
Su propuesta, de hecho, pide a los policías no multar a los alumnos que estén cerca de la escuela o se dirijan hacia ésta, y seguir castigando a los que van hacia o están en otro lugar. La gran diferencia es que ahora los agentes interrogarían a los estudiantes antes de extender las multas.
“Esto ayudará a que los estudiantes vengan a la escuela, porque las infracciones que se imponen ahora son una vía que los conduce de las aulas a la cárcel”, expresó Manuel Criollo, dirigente del Centro de Estrategia, que por cinco años luchó para cancelar las penalidades.