Desmantelan red que ayudaba a Los Zetas

MÉXICO, D. F. (EFE).- La fiscalía mexicana informó ayer que 11 funcionarios o exfuncionarios del norteño estado de Coahuila fueron detenidos o están en busca y captura por colaborar con el cartel de Los Zetas y cobrar por su trabajo sueldos de hasta 600 mil pesos al mes (47,500 dólares).

En una conferencia de prensa, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas, indicó que hay cuatro servidores públicos detenidos, tres en busca y captura y otros cuatro se encuentran arraigados.

Las detenciones se llevaron a cabo tras los registros en 11 domicilios (9 en Saltillo y 2 en Monterrey) y se iniciaron por sospechas derivadas de los testimonios de dos colaboradores de Los Zetas que fueron detenidos en marzo de 2011.

En la investigación se incautaron sobres con dinero, separados y etiquetados en una serie de documentos identificados como nóminas, en los que se mencionaban nombres clave de diversos funcionarios públicos del estado de Coahuila.

Los detenidos que ya están en prisión son Sergio Tobías Salas “Tobogán”, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, cuyas funciones eran organizar operativos para transportar drogas, organizar secuestros y homicidios, por lo que cobraba un salario de hasta 150 mil pesos mensuales (11,880 dólares).

Manuel Jesús Cicero “Viejo loco”, exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Ramos Arizpe, quien informaba de dónde se iban a realizar los operativos de la fiscalía del estado para prevenir a Los Zetas, quitaba retenes e incluso revisaba vehículos para detectar a miembros de otros grupos delincuentes, por lo que recibía una suma de 500 mil pesos mensuales (39,600 dólares).

Julio César Ruiz “El Chicho”, agente de la policía ministerial en Coahuila, se encargaba de pasar información de los movimientos que había dentro de la policía estatal, por lo que cobraba hasta 50 mil pesos mensuales (3,960 dólares).

Por último, Claudia González López, encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en Saltillo, quien ayudaba cuando algún miembro de Los Zetas era detenido para que alcanzaran su libertad, por lo que recibía 100 mil pesos mensuales (7,900 dólares).

Se encuentran en busca y captura con recompensas de hasta 3,000,000 de pesos (237 mil dólares) a quien ofrezca pruebas fiables de su paradero otros tres funcionarios.

Humberto Torres “Glenda”, extrabajador de la secretaría de Salud del estado, que se encargaba de controlar la fiscalía para que se desviara el curso de las investigaciones que tenían que ver con dicha organización criminal, gracias a un sueldo de 300 mil pesos mensuales (23,700 dólares).

Jorge Luis Balbuena, policía federal que avisaba de los operativos y limpiaba las carreteras cuando se pasaban armas, drogas o dinero y colocaba en puntos por 70 mil pesos mensuales (5,500 dólares).

Además, Enrique González “Yaqui”, jefe regional de la agencia federal de investigación en coahuila, encargado de repartir la nómina entre el personal a su cargo para que dejaran trabajar a Los Zetas, por lo que cobraba 600 mil pesos mensuales (47,500 dólares)

De las cuatro personas arraigadas por un plazo de 40 días no ha trascendido su identidad, pero se informó de que son dos integrantes de la policía investigadora, un policía estatal y un policía federal.

Los Zetas, un grupo con estructura y disciplina militar, protagonista de varias matanzas, surgió como brazo armado del cartel del Golfo, del que se separó en 2010, e intenta expandir su control territorial en México, lo que lo enfrenta con otros grupos narcotraficantes.