Poca atención a desapariciones en México

MÉXICO, D.F.- “Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de combatir las desapariciones forzadas”. Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre el tema en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resumió así el informe que encabezó en México en marzo de 2011 y que presentó ayer en el país.

Lo dijo a través de una videoconferencia en la sede diplomática de esta ciudad, frente a representantes de la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR) y ante familiares de víctimas que tomaron la tribuna con pancartas de reclamos y fotos de los hombres y mujeres de cuyos paraderos nada se sabe.

La ONU documentó que el Estado mexicano no puede garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por desaparición forzada debido a múltiples carencias como la falta de protocolos de investigación, de protección a las familias y de una base de datos.

Revertir estas carencias fueron sus recomendaciones. También pidió evitar culpar al crimen organizado de las desapariciones sin una investigación previa y solicitó publicar la lista de nombres de funcionarios involucrados, así como homologar una definición del delito en todo el país.

En México, aun cuando la desaparición involuntaria de personas se registra desde la década de los años 60, no es sino hasta el 1 de junio de 2001 que se adicionó un capítulo en el Código Penal Federal y se incorpora en algunos estados, pero son los menos.

La mayoría de los estados de la república no reconoce la tipificación de este delito cuya definición internacional precisa que es “forzada” cuando interviene algún servidor público o particular con apoyo, tolerancia o consentimiento del Estado (paramilitares, patrullas, grupos políticos o delincuenciales).

Además, las múltiples policías en México no comparten ningún informe de detención ni información en un sistema centralizado”, detalló Dulitzky, quien se ha vuelto un experto en el tema desde su batalla en Argentina donde ocurrieron miles de desapariciones durante la dictadura del siglo pasado.

Así se explica la falta de cifras y las debilidades para un recuento oficial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado alrededor de 16,800 desde el 2006, mientras que organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) señala 40,783 basado en solicitudes de información a través del Instituto Federal de Acceso a la Información.

“Se ha venido minimizando el tema”, dijo Blanca Martínez directora de Fundem, presente en el informe de la ONU. “Estas recomendaciones son un arma más para nuestra lucha”.

La activista presentó la postura de Fundem flanqueada por padres de desaparecidos, confundidos por años de búsqueda donde lo único que descubrieron fue la complicidad de los funcionarios públicos.

“Una vez nos llamaron desde el Ministerio Público para preguntarnos cuánto dinero daríamos si encontraban a nuestros hijos”, dijo Arturo Rojas, quien busca a su primogénito Vicente, quien desapareció en Piedras Negras, Coahuila (norte) en 2009 junto con 20 personas más que recorrían el estado vendiendo pinturas para casas.

La ONU considera que por ahora el principal reto es la impunidad en los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal.

Por citar un ejemplo, Dulitzy recordó que por el período denominado Guerra Sucia (en los años 70 y 80 del siglo pasado) se abrieron sólo 49 averiguaciones previas -de los más de 500 casos denunciados- y hasta la fecha ninguna autoridad ha sido detenida o procesada. En representación del Gobierno federal, Víctor Hugo González, de la PGR, dijo que “asumía el compromiso de atender las recomendaciones”, así como trabajar de manera conjunta en todo el país.

“Lograr la verdadera atención del Estado en el tema significaría que México dejaría de ser un país de barbarie”, replico Gustavo de la Rosa, visitador de atención a Víctima de Chihuahua, que ha documentado en los últimos dos años 40 casos de desaparición forzada.