Arrestan a cinco por venta de documentos falsos

“¿Eres policía?”, cuestiona con dureza “Adrián”, agazapado en las escaleras de un negocio de la calle Alvarado, en el vecindario de Westlake.

“¿No traes una grabadora bajo la camisa?”, interviene con cara de pocos amigos el sujeto que lo acompaña, de unos 25 años.

“Es que por aquí andan los policías encubiertos, ayer [miércoles] se llevaron a cinco”, explica su temor “Adrián” es uno de los muchos vendedores de documentos falsos que ayer seguían operando en los alrededores del parque MacArthur, como lo han hecho desde hace muchos años.

Ahí se siguen ofreciendo réplicas de licencias de conducir, tarjetas de seguro social o credenciales de residencia permanente, a pesar de los arrestos que desde noviembre han realizado las autoridades.

“Te vendo la ‘mica’ [tarjeta de residencia] y el seguro social por 120 dólares. Está caro pero es la ‘mica’ láser, la que vale por diez años”, comenta “Adrián”, quien observa sin disimular hacia todas direcciones, aún sospechando que podría estar hablando con un agente disfrazado de civil.

Así cayeron la tarde del miércoles cinco sospechosos de participar en la fabricación, venta y distribución de documentos de gobierno. Todo se hacía en las inmediaciones del parque MacArthur, una zona de Los Ángeles habitada mayormente por hispanos y famosa por la elaboración de “micas chuecas”.

Algunos números de seguro social que ahí se venden son incluso legítimos, por lo que sus clientes suelen adquirir credenciales apócrifas con esa información. Es lo que se conoce como robo de identidad.

En noviembre del año pasado distintas agencias de gobierno desmantelaron una banda de falsificadores que, entre otros sitios, operaba desde Westlake y distribuía las credenciales apócrifas en varios estados del país. Entonces arrestaron a 21 personas. Se cree que la red operó por al menos una década.

Pero en el parque MacArthur pareciera como si nada hubiera ocurrido. Ayer, al caminar por las banquetas de la calle Alvarado, aún se ofrecían “micas” por hombres que se acercaban a los peatones.

“Tenemos información de que la actividad continúa, pero el DMV [Departamento de Vehículos de California] va a continuar combatiendo este tipo de actividad ilegal y vamos a seguir enfocados en esa área”, dijo José Martínez, supervisor de investigaciones de la agencia.

Desde el 16 de noviembre de 2011, detectives del DMV visitaron con frecuencia el Corredor Alvarado para comprar identificaciones ilegítimas y seguirle la pista a los delincuentes.

“Se compraron varios documentos durante la investigación, como credenciales de identificación de California, tarjetas de residencia permanente y tarjetas de seguro social”, informó Martínez.

Este operativo los condujo al arresto de cinco personas y a tres sitios donde elaboraban los documentos.

La tarde del miércoles, al ejecutar las órdenes de registro, los investigadores del DMV, apoyados por agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), confiscaron equipo de cómputo, teléfonos celulares, fotografías, impresoras, materiales de laminación, maquinaria y otros artículos utilizados en la falsificación.

Los arrestados son Alfredo Roldán, de 45 años; Javier Mores Rojas, de 27; Hugo León Díaz, de 36; y Reinaldo Mérida, de 21, todos residentes de la ciudad de Los Ángeles. Un quinto detenido aún no ha sido identificado por las autoridades.

“Felicito el gran trabajo de los investigadores del DMV, así como de las agencias policiacas participantes, que en conjunto detuvieron una importante operación de manufactura ilegal”, expresó el director del DMV, George Valverde, en un comunicado de prensa.

Los sospechosos se encuentran detenidos en la Cárcel Central del condado bajo los cargos de manufactura, venta y distribución de documentos apócrifos de ciudadanía; falsificación; reproducción o falsificación de licencias de manejo y tarjetas de identificación; y falsificación de sellos públicos y corporativos.

Se les ha fijado una fianza de 75,000 dólares. Autoridades del DMV han indicado que se les puede imponer cargos adicionales a través de la Fiscalía del condado. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar un castigo de hasta tres años en una prisión estatal.

Hace un mes, otros cinco residentes del condado de Madera, en el norte del estado, fueron arrestados por realizar la misma actividad illegal. Fue el resultado de un operativo de cinco meses. Tenían en su poder decenas credenciales que, a simple vista, parecían legítimas.