Solución costosa y temporal

Desde que los primeros salvadoreños se acogieron al Estado de Protección Temporal en 2001, conocido como TPS, han pagado casi mil millones de dólares al gobierno federal

Salvadoreños en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles, en busca de ayuda para los formularios del TPS.

Salvadoreños en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles, en busca de ayuda para los formularios del TPS. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinion

Desde que los primeros salvadoreños se acogieron al Estado de Protección Temporal en 2001, conocido como TPS, han pagado casi mil millones de dólares al gobierno federal, según estimaciones de organizaciones de ayuda a los centroamericanos.

“Estas personas ya han pagado con creces un estado de permanencia legal en Estados Unidos. Han demostrado ser excelentes candidatos a convertirse en ciudadanos de este país. Cada cierto tiempo demuestran que tienen trabajo, pagan impuestos y que no se meten en problemas judiciales. En otras palabras, han demostrado tener un carácter moral apropiado”, aseveró Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que fue fundada en la década de los ochenta para asistir a los refugiados de la guerra civil en El Salvador.

El TPS es una medida que puede tomar el presidente de Estados Unidos para ayudar a inmigrantes de países que no tienen la capacidad de recibirlos, pero como su nombre lo indica es por un tiempo limitado. Pero, ¿puede la medida temporal extenderse indefinidamente?

Desde hace 12 años, los hondureños y nicarangüenses están acogidos al TPS después de la destrucción que ocasionó el huracán Mitch en estos países. En el caso de los salvadoreños, ellos han recibido este beneficio desde el 2001 cuando zonas completas fueron devastadas por dos terremotos.

Sanabria forma parte de la coalición de organizaciones que promueven una estadía permanente para las personas con TPS. Él considera que una legalización permanente de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses no sólo promovería una reunificación familiar, sino que en términos económicos serviría a la economía de Estados Unidos y a los países de origen.

Las últimas cifras oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS) indica que hay 205,141 salvadoreños, 66,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses inscritos al TPS. “Hay una manipulación paternalista en términos políticos. Cada 18 meses el gobierno de este país sale diciendo que les van a extender la estadía otro tiempo más… los miles de millones de dólares que estas personas pagan para renovar el TPS puede ser que muchos consideren que es una gota en un balde con agua, pero hay que señalar que no es una cantidad despreciable lo que estas personas pagan cada vez que se registran”, manifestó Sanabria.

Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA), considera que el TPS es sin duda una tabla de salvación para estas comunidades que se vieron afectadas por desastres naturales, pero que no se pueden recuperar por problemas estructurales.”Nos complacería mucho que el gobierno de Estados Unidos considerara a estos refugiados como nuevos americanos, como personas que ya se ganaron la confianza del pueblo estadounidenses al registrarse y someterse a una investigación cada vez que es necesario”, dijo Cabrera.

El catedrático en leyes de inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), Neils Frenzen, recordó que el primer país en recibir este beneficio fue El Salvador durante el conflicto civil, cuando el Congreso de Estados Unidos le pidió al presidente que protegiera a los exiliados de la guerra.”No hay nada en la ley que impida que el TPS se otorgue indefinidamente. Lo único que establece la ley es que la protección tiene que ser temporal de 6, 12 o 18 meses, pero se puede extender cuantas veces el gobierno lo considere necesario”, manifestó Frenzen.

“Este es un programa político de tipo administrativo que se ha extendido en momentos en que no prosperan las negociaciones sobre una reforma migratoria… el TPS sólo busca mantener el ‘status quo’. Puede que no sea lo más justo”, dijo Frenzen, agregando que entre los estadounidenses no recibe ninguna simpatía el argumento de los millones de dólares que estos inmigrantes han tenido que pagar para estar en el país.

El embajador de El Salvador en Washington, Francisco Altschul, dijo que su gobierno es respetuoso de las políticas internas de Estados Unidos y que no pueden intervenir en las decisiones políticas que se toman, aunque estos afecten a sus connacionales.”Esta es una atribución del gobierno estadounidense… Lo que nosotros creemos es que el cambio debe hacerse de una reforma migratoria integral. Nosotros asistimos a las personas con TPS llenándoles los formularios de forma gratuita”, dijo Altschul, agregando que hay una coalición de organizaciones comunitarias que están impulsando una posible ley que le otorgue la residencia permanente a quienes están protegidos con el TPS.

Frenzen advirtió que a diferencia de otros programas migratorios, si el TPS llega a terminar sin que haya una solución migratoria permanente para estas personas, la información dada al Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS) en las solicitudes de reinscripción puede servir para la deportación.

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