Gobierno francés se defiende ante caso Merah

Gobierno francés se defiende ante caso Merah
El premier francés defiende al gobierno argumentando que no se le podía detener "preventivamente" porque se hubiera violado el Estado de Derecho.

París, 23 de Marzo (EFE).- El primer ministro francés, François Fillon, se defendió hoy de las crecientes críticas a la supervisión del asesino confeso de Toulouse, Mohamed Merah, antes de cometer las matanzas de cuatro personas en una escuela judía y de tres militares.

“No había ningún elemento que permitiera atrapar a Mohamed Merah” antes de cometer esos asesinatos porque la legislación prohíbe “vigilar de forma permanente sin dictamen judicial a alguien que no ha cometido un delito”, subrayó Fillon en una entrevista con la emisora de radio RTL.

“Vivimos en un Estado de derecho”, destacó antes de defender la labor de los servicios secretos que “hicieron perfectamente su trabajo” ya que habían rodeado al joven sospechoso, muerto ayer por la mañana de un tiro en la cabeza durante la operación policial de asalto al piso de Toulouse, en el que estuvo cercado y pertrechado durante más de 32 horas.

Recordó que la Dirección Central de Información Interior (DCRI) lo había identificado cuando Merah estuvo varias veces en Pakistán y Afganistán -donde según él estuvo en campos de entrenamiento de Al Qaeda- y que lo vigiló para llegar a la conclusión de que no había “ningún indicio” que hiciera pensar que “era un hombre peligroso y que un día pasaría a la acción”.

“Llevaba -añadió- una vida normal” y aunque tenía un “pasado judicial” -en alusión a la veintena de condenas en Francia por delitos comunes-, eso “no tenía nada que ver” con las tres matanzas que provocó desde el pasado día 11.

El primer ministro reiteró que “el hecho de pertenecer a una organización salafista no es un delito por sí mismo”, y añadió- “No hay que mezclar fundamentalismo religioso y terrorismo, aunque naturalmente sabemos los vínculos que hay entre los dos”.

Una mujer del barrio de Toulouse donde vivía Merah, identificada como Aïcha, contó a la cadena de televisión France 2 que había presentado una denuncia contra él en junio de 2010 porque le había agredido después de reprochar al joven haber llevado a su hijo, que entonces tenía 15 años, a su piso para que viera “vídeos de Al Qaeda” con escenas de mujeres ejecutadas u hombres decapitados.

El abogado de esta mujer, Eric Mouton, se quejó de que no habían tenido noticias de que esa demanda hubiera tenido consecuencias.

Las declaraciones de Fillon precedieron en unos minutos a los de la candidata ecologista a las presidenciales francesas, Eva Joly, que como otros actores políticos consideró que hubo “un problema de eficacia” en el seguimiento del asesino de Toulouse.

“A Merah lo conocían los servicios secretos. Se le podría haber detenido” antes de las matanzas por tenencia de armas, participar en actos de proselitismo terrorista y haber viajado a Pakistán y Afganistán, comentó Joly en una entrevista con la emisora de radio France Info, que antes de entrar en política era juez instructora.

“No es un problema de textos, es un problema de eficacia”, argumentó la antigua magistrada, que con la legislación actual “se hubiera podido justificar la detención” del controvertido joven francés de origen argelino de 23 años.

Ayer, el candidato socialista a las presidenciales, François Hollande, en la misma línea también había señalado que pudo haberse dado un “fallo” en el seguimiento de Merah, y por eso “hay cuestiones que necesariamente deberán plantearse”.

“Es verdad que ese asesino, Merah, hizo dos viajes, uno a Afganistán en 2010, y otro a Pakistán en 2011. Alegó motivos turísticos. Debe imponerse por lo tanto un mayor control de los desplazamientos a países sensibles”, indicó Hollande.

Por otro lado, Fillon avanzó que si hay consenso, se adoptarán antes de las elecciones presidenciales de abril-mayo las medidas anunciadas ayer por el presidente Nicolas Sarkozy para combatir el terrorismo, y si no tendrá que ser tras los comicios legislativos de junio.

Sarkozy señaló que quiere reformar el Código Penal para imponer penas a los que visiten páginas internet que hagan apología del terrorismo o de la violencia y a los que viajen al extranjero para adoctrinarse en esas ideologías.