Votación que genera mayor segmentación

PRIMERA DE UNA SERIE DE CUATRO

A casi dos meses del acuerdo extrajudicial en la demanda de tres mujeres de Compton, que alegaba que el sistema de votación en la ciudad no representaba equitativamente a los latinos, una de las demandantes sigue siendo fuerte y clara cuando declara de forma repetitiva: “Esto no es una cuestión de raza”.

“No se trata de que se elija a un latino; se trata de que sea el representante correcto, un candidato que preste atención y con competencia a las necesidades de su distrito”, insistió Enelida Álvarez mientras ponía su puño sobre la mesa durante la primera reunión del Comité “Sí en Medida B, para Democracia en Compton”.

La trabajadora social y terapeuta de salud mental, quien firmó el acuerdo en la demanda presentada por dos mujeres hace casi año y medio, es la única entre ellas que ha sido vocal sobre un tema con raíces profundas en la política callejera de Compton.

“Queremos evitar toda la tensión”, indicó Álvarez, de 30 años.

Las más o menos dos docenas de personas que asistieron a la reunión del comité el 28 de marzo -exactamente un mes después del acuerdo judicial- sabían exactamente a lo que se refería Alvarez con “tensión”. Tres cuartas partes de ellos eran latinos y los demás afroamericanos .

Los latinos constituyen casi dos terceras partes de los cerca de 96,500 residentes de Compton, según el Censo de 2010. Sin embargo, los afroamericanos, que son aproximadamente 33% de la población, tienen todos los escaños en el Concejo municipal. Las concejalas Janna Zurita, del distrito 1, e Yvonne Arceneaux, del 3, reclaman tener algún origen hispano, pero fueron criadas como afroamericanas y su comportamiento y trato social es tal.

Por eso, para que los latinos tengan oportunidad de ser representados en el concejo, Felícita González, una maestra del cuarto grado en la primaria Marian Anderson de la ciudad y Flora Ruiz, una coordinadora para estudiantes graduados en el departamento de inglés en la Universidad del Sur de California, presentaron la demanda en diciembre de 2010.

Según la demanda, Compton viola el Acta de Derechos de Votantes de California de 2001 porque su método de elegir a los concejales –de votación por toda la ciudad, o at-large– previene que los votantes latinos elijan a los candidatos de su preferencia. Aunque actualmente Compton está dividida en cuatro distritos y los concejales deben vivir en el distrito que representan, estos son elegidos por la totalidad de los votantes en el municipio.

El acuerdo, firmado el 28 de febrero, pone la Medida B en la papeleta de votación el 5 de junio y de nuevo en noviembre si no se aprueba la primera vez, para cambiar a un sistema de votación por distritos. La idea es que uno o más distritos tendrían una mayoría de votantes latinos y serían más adeptos a elegir a un concejal latino.

Las demandantes no quisieron comentar sobre el acuerdo., pero su abogada, Gay Grunfeld con la firma Rosen, Bien & Galvan en San Francisco, dijo: “Estamos muy contentos y realmente creemos que es una buen oportunidad para la ciudad de Compton” El fiscal de la ciudad, Craig Cornwell, dijo que está “satisfecho con el resultado… y con que los residentes de Compton tendrán el poder de decidir sobre el sistema de votación de la ciudad de aquí en adelante”.

Más participación en las urnas, agregó, es el resultado esperado. Históricamente, menos del 10% de los aproximadamente 40,000 votantes registrados en Compton acuden a las urnas. Los adultos ancianos o seniors constituyen el porcentaje más alto entre ellos, según la administradora municipal Alita Godwin.

Y aunque los latinos son la mayoría en la ciudad, gran parte de ellos son demasiado jóvenes para votar. Según datos de 2010 analizados por la Asociación Nacional de Oficiales Electos y Designados Latinos (NALEO), el 41% de los latinos de Compton son menores de 18 años.

Pero la apatía general entre los votantes es lo que muchos críticos del sistema electoral apuntan como la razón por la que un candidato latino nunca ha sido electo para representar un distrito.

Joseph Lewis, un miembro de la Cámara de Comercio y residente de Compton por 25 años, dijo que el énfasis de la campaña debería de ser animar a la gente a votar. “Entonces, no haría diferencia si pasa la Medida B o no, la gente tendría representación”, explicó.

Paul Mitchell, presidente de Redistricting Partners, una firma de consultoría basada en Sacramento que trabaja con municipios para determinar su vulnerabilidad bajo la ley, dijo que varios estudios en el Condado de Los Ángeles muestran que los latinos votan por candidatos latinos. “Ha sido la pauta”, afirmó.

La batalla legal se ha resuelto por el momento, pero la pelea para acudir a los votantes para que aprueben la Medida B con más de un 50% apenas está comenzando.

El nuevo comité detrás de ese esfuerzo espera recaudar 25 mil dólares para su campaña para aprobarla en junio, pero quizás el más grande desafío será movilizar a un grupo diverso que pueda convencer a los residentes de que vean más allá de las complicadas relaciones raciales que definieron el pasado.

“Si podemos continuar con la idea de que no se trata de raza, tenemos que poder decir, ‘Mira, tenemos a latinos caminando con afroamericanos’. El nuevo Compton debe de ser así, trabajando juntos”, expresó en la reunión inicial la presidenta del comité, Diane Sánchez, comentario que hizo aplaudir al grupo.

Lewis, de 63 años y también presidente de Concerned Citizens of Compton, estuvo de acuerdo al decir que “el miedo de que los latinos van a venir y patear a los afroamericanos tiene que ser expulsado”.

Pero no todos en la reunión, ni siquiera todos los latinos, estaban en la misma página.

Al preguntársele después de la reunión si pensaban que se trataba de un tema racial, José Serrato, de 61 años y residente de San Pedro, asintió moviendo la cabeza de arriba abajo.

“Sí, absolutamente”, dijo a La Opinión Serrato, quien fue invitado por Álvarez y fue el gerente de su campaña el año pasado cuando trató sin éxito de ser elegida a la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Compton. “Estoy de acuerdo [con la estragedia]. Es la única manera que se aprobará”, agregó.

Hasta la fecha, el único oficial electo que ha expresado su apoyo públicamente a la Medida B es el alcalde de Compton, Eric Perrodin. En una reunión reciente del concejo municipal, dijo que está de todo corazón a favor de la medida porque piensa que “es lo correcto”, recordando que los afroamericanos antes eran la mayoría en la ciudad mientras los blancos tenían todos los puestos del gobierno.

“Hasta que se apruebe, va a ser demanda tras demanda”, anunció. “Si no lo haces por la razón correcta, hazlo por la razón financiera”.

Compton tienen un déficit de $43 mil millones, y bajo el acuerdo, tiene que pagar los gastos de los abogados de las demandantes.

Desde que entró en efecto el Acta de Derechos de Votantes en 2002, Joaquin Ávila, un autor principal y uno de los representantes legales de las demandantes en el caso contra Compton, ha sido uno entre un puñado de abogados que han demandado a más de media docena de ciudades y distritos escolares de California.

Los abogados han sido acusados de hacerlo por el dinero –ya han ganado millones de dólares– pero Ávila dice que se enfoca en estos tipos de casos porque “es una pasión mía proveer los derechos de votación”.

Son “casos muy caros”, comentó el abogado de derechos de votación basado en Seattle y director del National Voting Rights Advocacy Initiative, pero “mientras sigamos recibendo remuneración y compensación, sí, los casos continúan siendo muy atractivos económicamente”.

Ni González ni Ruiz quisieron comentar para este artículo sobre por qué presentaron la demanda. Álvarez, quien sonreía y estrechaba la mano agradablemente a los asistentes a la primera reunión, se puso seria al ser preguntada sobre su participación. Tampoco comentó.

En la segunda reunión del comité el viernes pasado, asistida por 15 latinos y dos afroamericanos, Sánchez asignó capitanes para caminatas en los cuatro distritos planeadas para el 26 de mayo y el 2 de junio. También anunció que hoy se enviarán cartas a los oficiales electos y llegarán las camisas que los miembros se pondrán para la reunión del concejo municipal mañana martes. La próxima reunión del comité será el jueves a las 6:00 p.m. en la iglesia Our Lady of Victory.

Álvarez llegó a la reunión 38 minutos tarde y se sentó con la audiencia en lugar de al frente con la presidenta. La tensión que surgió por la escasez de tiempo que queda para las elecciones aumentó cuando se cuestionó por qué Álvarez no trajo las minutas de la primera reunión.

El tono fue más urgente que el espíritu de optimismo en la primera reunión, cuando Sánchez mencionó un argumento en contra de la medida que el administrador municipal retirado, Charles Davis, presentó a la ciudad a finales de marzo.

En su documento, Davis dijo que el cambio en el sistema de elecciones causará problemas, como crear más discordia entre los concejales, ponerlos bajo el control de unos pocos residentes e incrementar el síndrome de “tu rascas mi espalda, yo rasco la tuya”.

“En mi opinión, eso ya está pasando, y por eso, hacer algo puede ayudar la situación”, declaró Sánchez, de 39 años, quien ya buscó ser elegida en el distrito 3 sin éxito e intenta hacerlo de nuevo. “Su argumento no tiene validez”.

“Amen”, dijeron los asistentes al unísono.