Judicial Watch demanda a LAPD por decomisos

Judicial Watch, el grupo legal que trató sin éxito de eliminar la política migratoria de la Policía de Los Ángeles (LAPD), entabló una demanda en contra de la corporación y a su jefe, Charles Beck, por el nuevo protocolo de incautación de autos, que benefició a los indocumentados.

A través de los tribunales, Judicial Watch busca “detener el uso de dinero público para implementar la nueva política”, sumándose a otra acción legal que interpuso la Liga de Protección de Policías de esta ciudad (LAPPL) contra el departamento hace unas semanas.

En vigor desde el 22 de abril, el cambio de protocolo de la Policía angelina eliminó los decomisos de automóviles de hasta 30 días para los conductores sin licencia de manejo que no sean culpables de un accidente, porten identificación apropiada y muestren registro y seguro vehicular.

Desde la década de 1990, el estado de California no otorga licencias de conducir a los indocumentados.

“La Orden Especial 7 [la nueva política] es ilegal y peligrosa”, advirtió Tom Fitton, presidente de Judicial Watch. “Los conductores sin licencia, ya sean indocumentados o no, son una amenaza para la seguridad pública. El Departamento de Policía de Los Ángeles vuelve a poner a la política e ideología antes que la seguridad de los residentes, policías y el Estado de Derecho”, añadió.

A nombre de Harold P. Sturgeon, residente de Los Ángeles, Judicial Watch presentó la demanda el pasado 8 de mayo en la Corte Superior de este condado, alegando que la nueva política es ilegal, porque se opone al Código de Vehículos de California, el cual establece que un coche debe ser incautado por 30 días si es manejado por un automovilista no autorizado.

“Este es otro ejemplo del uso ilegal de dinero de los contribuyentes por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles para favorecer el estatus de Los Ángeles como una ciudad santuario”, reclamó Fitton.

La demanda se presenta sólo días después de que un análisis de la Procuraduría General de California respaldara dicha medida, como antes lo hizo la Fiscalía local. No obstante, la Oficina del Procurador del condado, Steve Cooley, y asesores de la Legislatura estatal insisten que ésta contradice leyes estatales.

Tyler Izen, presidente del LAPPL, dijo que su organización no estaba familiarizada con la demanda de Judicial Watch, pero reiteró que su postura está basada en el temor de que aumenten los accidentes y fatalidades, aunado a la responsabilidad legal que la norma pueda acarrear al Ayuntamiento.

“La decisión del LAPPL para demandar no fue tomada a la ligera, y no es una postura sobre política migratoria o el estatus legal de los inmigrantes indocumentados en este país… Nuestra demanda se basa en nuestro deber de representar de manera justa y proteger las condiciones de trabajo de los agentes del LAPD”, comentó Izen en un comunicado enviado a La Opinión.

Para los altos mandos de la Policía angelina, en cambio, el cancelar los decomisos de autos es un asunto de “compasión” y “justicia” para los miles de indocumentados que viven en esta ciudad.

En 2011, más de 125,000 vehículos fueron confiscados en esta ciudad por policías y agentes de tránsito, lo cual generó un ingreso de casi $19 millones al municipio.