Reglas contra abusos sexuales
Gobierno publica nueva regulación contra abuso sexual en cárceles
La mayoría de los delitos federales presentados actualmente son por violaciones a la ley migratoria, por tanto, es lógico que los extranjeros estén más representados (Foto: archivo) Crédito: Archivo / La Opinión
WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia (DOJ) anunció ayer, la publicación de una nueva regla, para cárceles federales de adultos y jóvenes. La medida impone nuevas protecciones contra abusos sexuales. Los centros de detención para inmigrantes, no están incluidos en la regulación, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desarrollará su propia normativa, para cumplir con los nuevos requerimientos.
En 2003, se promulgó la ley para la eliminación de las violaciones en prisión (PREA). Ahí se estableció que el asalto sexual en detención, constituye un quebrantamiento de la enmienda 8 de la Constitución.
La población total de detenidos en el país, tanto en cárceles federales como locales, llegaba
a 1,612,395 personas en diciembre de 2010, según el reporte más actualizado del Buró de Estadísticas de Justicia. Esto incluye un 21% de reclusos latinos.
La misma agencia reportó en 2007, que un 4.5% de los reos adultos a nivel nacional (60,500), experimentaron uno o más incidentes de persecución sexual de otros reclusos o personal de seguridad. Grupos defensores de derechos humanos han indicado que las víctimas totales, incluyendo niños, llegan, al menos, a 216,000.
La ley PREA, demandó un estudio integral del tema y la emisión de nuevas regulaciones al respecto, las que se concretaron ayer, tras una larga espera. “Los estándares difundidos, reflejan que los crímenes cometidos en cárceles, pueden tener consecuencias devastadoras, para las víctimas y comunidades, que van mucho más allá de las prisiones”, declaró el Procurador General del Departamento de Justicia, Eric Holder.
En las nuevas normas, el gobierno incluyó medidas como un chequeo de antecedentes en
las contrataciones; un protocolo de evidencia para preservar las pruebas tras un incidente; múltiples métodos para reportar el abuso sexual; acceso a defensores de víctimas de abuso, entre otros puntos. Los objetivos principales son prevenir, detener y responder al abuso sexual en las cárceles.
La medida permitirá la realización de auditorías en cárceles cada tres años, a través de un organismo independiente. Además, se determinó una disminución automática del 5% de fondos entregados por Justicia, en caso que los centros correccionales estatales no cumplan con los nuevos estándares.
Organizaciones de derechos civiles dieron la bienvenida al anuncio, sin embargo criticaron que los centros de detención para inmigrantes, no estén cubiertos bajo las nuevas protecciones.
Éstos permanecen bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad.
El gobierno emitió un memorando ayer, donde especificó que todas las agencias que no estén incluidas en la regulación de Justicia, deben proponer nuevas reglas en un plazo de 120 días, para asegurar el cumplimiento de las protecciones de PREA, emitiendo regulaciones finales, en un plazo de 240 días.
Justicia y Seguridad experimentaron serios roces internos, debido a este tema. Incluso DHS insistió durante los últimos meses, en que sus nuevos estándares de detención, anunciados en marzo pasado, ya cumplían con el criterio de PREA.
“Esta es la mejor forma de avanzar el proceso de una manera efectiva […] Seguridad trabajará de manera consistente con Justicia, con su colaboración, en el marco de las protecciones anunciadas”, dijo a La Opinión, un alto funcionario de la Administración.
“El anuncio de hoy (ayer) no implica un cambio inmediato para los inmigrantes detenidos, pero sí otra promesa más, de que el gobierno exigirá responsabilidades de DHS. Mis mayores preocupaciones son: que se cumpla con los plazos; que la agencia sea sensible a los comentarios del público cuando desarrolle su regla y la implementación futura”, explicó Brittney Nystrom, directora de política pública y asuntos legales del Foro Nacional de Inmigración.
“Al pedirle a Seguridad que desarrolle sus propias regulaciones para PREA, el gobierno
no ha dejado claro, si los cientos de miles de inmigrantes detenidos, en su mayoría latinos, van a recibir la protección adecuada. La agencia tiene un récord abismante, en prevenir la investigación de problemas sistémicos serios de abuso sexual, en sus establecimientos”, comentó Joanne Lin, consejera legislativa a ACLU.
