En 11 años fueron denunciados 135 curas por pederastia en Italia
Roma – Ciento treinta y cinco sacerdotes italianos fueron denunciados a la Congregación para la Doctrina de la Fe por abusos sexuales a menores entre 2000 y 2011, de los que 53 fueron condenados por la Iglesia, informó hoy el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el prelado Mariano Crociata.
Crociata, que no precisó el tipo de castigo, señaló que cuatro sacerdotes fueron absueltos y que los restantes casos están siendo investigados.
De esos 135 casos, 77 fueron también juzgados por la justicia italiana, con el resultado, precisó el obispo, de 22 condenados en primera instancia, 17 en segunda instancia, 21 pactaron la condena y cinco fueron absueltos.
Otros doce casos fueron archivados, agregó Crociata, que hoy presentó las pautas de actuación (“líneas-guías”) de la CEI “para los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos”, siguiendo la petición que en este sentido hizo la Santa Sede a todas las conferencias episcopales del mundo para atajar los casos de pederastia en la Iglesia.
Crociata precisó que la Iglesia católica ofrecerá la “máxima colaboración” a los jueces italianos y precisó que esperan que esa cooperación se lleve a cabo en todos los niveles de la sociedad, “ya que los casos de abusos a menores, por desgracia, se dan en todos los ambientes”.
En las “líneas-guías” se señala, sin embargo, que en el ordenamiento italiano “el obispo no está considerado un funcionario público y, por tanto, no tiene la obligación jurídica de denunciar a la autoridad judicial las noticias que haya recibido sobre hechos de pederastia”.
Y es que, según los acuerdos entre la Iglesia y el Estado italiano, los obispos “están exonerados de la obligación de deponer o mostrar documentos conocidos o en su poder por razones de su ministerio”.
Crociata dijo a los medios italianos que lo que “está claro” es que todos los obispos tienen que colaborar con la autoridad civil y que, cuando conozcan un caso de abuso, “siempre pueden animar” a las víctimas a dirigirse a la magistratura.
Tras conocer ese punto de la “línea-guía”, la diputada Chiara Moroni, del grupo Futuro y Libertad (FIL), afirmó que los obispos no serán funcionarios, “pero existe la obligación moral que impone denunciar un delito tan horrible y que afecta a niños indefensos”.
Moroni pidió a la CEI que “no alimente el silencio” y “estimule a que se denuncie a quien se mancha con un delito de este tipo”.
“La Iglesia tiene el deber de defender a los más débiles, como está escrito en el Evangelio”, subrayó.
