Amplían Comunidades Seguras

DENVER, Colorado.- La súbita expansión del programa federal Comunidades Seguras a todos los condados de Colorado ha causado preocupación entre los dirigentes proinmigrantes porque la medida deja sin efecto leyes estatales que hasta ahora protegían a personas indocumentadas víctimas de ciertos delitos.

Hasta el pasado martes, Comunidades Seguras funcionaba solamente en tres condados de Colorado. Desde ayer, sin embargo, los departamentos de Policía y oficinas de alguaciles de los 64 condados de este estado podrán y deberán cooperar con las autoridades federales de Inmigración para detectar y arrestar a presuntos indocumentados convictos de crímenes.

Aunque la implementación completa de esa colaboración llevará varias semanas, las consecuencias de la expansión de Comunidades Seguras se sentirán inmediatamente, advirtió Alan Kaplan, portavoz de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés).

“Desde el momento que Comunidades Seguras se implemente en todo Colorado, las víctimas de violencia doméstica ya no están protegidas”, aseveró Kaplan.

La razón, dijo, es que Comunidades Seguras deja sin efecto la ley SB90, aprobada en 2006, que protegía a las víctimas de violencia doméstica y a las víctimas y testigos de ciertos crímenes en caso de ser referidas al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su posible deportación.

Desde ahora, las restricciones que esa ley imponía a la cooperación entre la policía local y el ICE ya no existen, por lo que Kaplan anticipó que “se profundizarán las prácticas policiales discriminatorias que destruyen a nuestras comunidades”.

“Comunidades Seguras se enfoca en aquellas personas que han sido arrestadas, no en las que han sido convictas, para deportarlas. Esa estructura da lugar a malos actores que usan el programa Comunidades Seguras para evitar lo que de otra manera serían acusaciones de racismo policial”, opinó Kaplan.

De hecho, este martes, la filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) acusó públicamente a Lou Vallario, alguacil del condado Garfield, de transferir a por lo menos tres víctimas de violencia doméstica a ICE, para ser deportadas, a pesar de que esas tres mujeres no habían sido convictas de crímenes.

En su respuesta a la ACLU, difundida hoy por el diario de Glenwood Springs, Vallario sostuvo que la implementación completa de Comunidades Seguras en Colorado finalizará “en pocas semanas”, por lo que consideró que la discusión sobre quién puede o no ser transferido a ICE “ya es obsoleta”.

“Si alguien llega a mi cárcel, es porque está acusado de algo. No le corresponde al personal carcelario determinar si es una víctima. Si ingresan a la cárcel quiere decir que están acusados. Y entonces notificamos a ICE de todas las personas que creemos que nacieron en el extranjero”, expresó Vallario.

Precisamente es ese tipo de actitudes el que CIRC y la Coalición Progresista de Colorado (CPC) buscan impedir.

“La gente de Colorado está comprometida a terminar con el racismo, no a fomentarlo”, dijo Mu Son Chi, directora del programa de justicia racial y derechos civiles de CPC.

“Programas como Comunidades Seguras afectan a las familias trabajadoras y hacen que nuestras comunidades sean menos seguras al fomentar actitudes racistas, una táctica que sabemos es no es efectiva e injusta”, agregó.

Comunidades Seguras entrará en vigor en todos los condados de los 50 estados del país en 2013.

Según estadísticas de 2011 publicadas por el Pew Hispanic Center, en Colorado residen 180 mil indocumentados, o un 18 por ciento de la población hispana en este estado. A la vez, esa cifra representa 60 mil indocumentados menos que hace cinco años.