Siete congresistas de NY van contra Comunidades Seguras
Envían carta al Departamento de Seguridad Interna exigiendo el fin del polémico programa
Neoyorquinos ya han demostrado su rechazo al programa, pero Comunidades Seguras sigue en vigor. Crédito: Archivo / EFE
NUEVA YORK – Siete congresistas neoyorquinos pidieron hoy el fin de la expansión de un polémico programa que obliga a departamentos de policía locales a compartir con el gobierno federal las huellas dactilares de arrestados para ver si pueden ser deportados.
La carta que enviaron los congresistas fue escrita por la legisladora puertorriqueña Nydia Velázquez y enviada a la encargada del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano.
En el documento, los congresistas piden que se posponga la expansión de Comunidades Seguras, un programa federal que entró en vigor en el estado de Nueva York la semana pasada.
“Esta iniciativa se enfoca en personas que han cometido delitos menores, provocará obstáculos que dificultarán la tarea de la policía con la comunidad y podría resultar en el aumento de la categorización racial”, denunció Velázquez. “Creo que estas preocupaciones deben ser atendidas y que un postergamiento permitiría una mayor revisión (del programa), además de entrenamiento y educación sobre cómo se podría imponer el programa revisado”.
La carta está firmada también por los congresistas José Serrano, Yvette Clarke, Charles Rangel, Edolphus Towns and Maurice Hinchey.
Los legisladores destacaron que, a pesar de que el programa está diseñado para deportar a criminales, acaba expulsando a inmigrantes que han cometido delitos menores no violentos o simplemente el delito de vivir sin autorización para residir en el país.
“Las estadísticas demuestran que el programa no está siendo usado acorde con su objetivo inicial y, en cambio, está en riesgo de convertirse en una iniciativa para simplemente deportar a cualquier inmigrante indocumentado”, señala la carta, que fue enviada también a los medios de comunicación.
Bajo Comunidades Seguras, la policía local envía la información de las huellas dactilares de las personas arrestadas a varias bases de datos federales, incluidas las de inmigración, con el propósito de identificar a los encarcelados, conocer sus antecedentes judiciales así como su estatus migratorio en Estados Unidos.
Si la agencia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decide que el inmigrante podría ser deportado emitirá una orden de retención que obligará a la policía local a mantener al arrestado tras rejas 48 horas hasta que éste quede bajo custodia de ICE.
Luis Martínez, portavoz de ICE, respondió que en el año fiscal 2011, y por primera vez, un 55% de las deportaciones realizadas por ICE fueron de criminales convictos.
El vocero destacó, que hasta ahora, Comunidades Seguras ha ayudado a ICE a expulsar más de 135,000 delincuentes extranjeros convictos, incluyendo más de 49,000 acusados de delitos como asesinato, violación y abuso sexual de menores.
ICE usa el intercambio de información que ofrece Comunidades Seguras en 2,792 jurisdicciones del país en 48 estados y Puerto Rico. La agencia espera implementar el programa en todos los estados del país antes de finales del 2013.
