Condicionarán fondos para el Plan Mérida

Preocupa violación de los derechos humanos por parte del Ejército

La participación de las fuerzas armadas en el combate al crímen organizado, trajo numerosas denuncias de arbitrariedades.
La participación de las fuerzas armadas en el combate al crímen organizado, trajo numerosas denuncias de arbitrariedades.
Foto: Archivo / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- El comité de apropiaciones del Senado votó ayer el proyecto de ley para el financiamiento de operaciones en el exterior, por una mayoría de 29 a 1. Ahí, retuvo el 15% de los fondos en la asistencia prestada al gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por temas asociados a derechos humanos.

“El comité permanece preocupado con la impunidad del ejército mexicano y las fuerzas policiales, por violaciones a los derechos humanos”, detalló el reporte elaborado por el grupo.

Asimismo, especificó que esta restricción será eliminada, si la Secretaria de Estado reporta por escrito al comité, que el gobierno de México cumple con ciertas condiciones, como reformar su sistema de justicia militar, atenerse a las prohibiciones contra la tortura y transferir detenidos a la custodia de autoridades civiles.

De acuerdo al marco de la Iniciativa Mérida, un 15% de la asistencia financiera anual entregada por Estados Unidos, depende de los progresos en el área de derechos humanos en México.

La retención del año fiscal 2011 – cerca de 18 millones de dólares-, aún está pendiente, hasta que el Departamento de Estado no emita su informe al respecto.

El gobierno de Estados Unidos ha destinado 1,600 millones para la Iniciativa Mérida desde 2007. En septiembre de 2010, el Departamento de Estado, condicionó 26 millones de dólares a dos factores: la implementación de reformas de derechos humanos a la Constitución y una nueva legislación para el código militar de justicia. Tras esto, el gobierno mexicano impulsó cambios en ambos sectores.

En una audiencia realizada a principios de este mes, Kathleen Fitzpatrick, subsecretaria para la democracia, trabajo y derechos humanos del Departamento de Estado, se mostró dudosa frente a la situación en México.

“Mientras el rol de las fuerzas de seguridad aumentó, se incrementaron las quejas creíbles, de que oficiales de diferentes niveles del gobierno estaban perpetrando una serie de abusos y torturas”, aseguró en la oportunidad.

Fitzpatrick, valoró el establecimiento de un marco legal, para mejorar la situación de derechos humanos e insistió en que México había tomado pasos para fortalecer el sistema legal. “La impunidad sigue siendo uno de los desafíos más significativos”, resaltó.

Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch pidieron al Congreso que congelara los fondos correspondientes al año fiscal 2013, ya que México no ha cumplido con los requerimientos necesarios.

Específicamente, en cuanto al enjuiciamiento de crímenes contra civiles, Nik Steinberg, investigador de Human Rights Watch, ha destacado ante legisladores, que tan sólo ocho casos han sido transferidos desde cortes militares a civiles, en un universo de 4,000.

“El apoyo de Estados Unidos a México para combatir el crimen organizado no debe ser otorgado a fuerzas que tienen un patrón de cometer abusos con impunidad. La posibilidad de retener 15% de los fondos para la policía y las fuerzas armadas mexicanas, hasta que haya avances en investigar y sancionar a los agentes responsables de cometer abusos, es sumamente importante para asegurar que los recursos de Estados Unidos no apoyen a fuerzas abusivas”, explicó ayer la analista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Maureen Meyer.

“Los requisitos de derechos humanos en la Iniciativa Mérida también aseguran que el respeto a los derechos humanos en México sea parte de la agenda bilateral”, agregó.

El nuevo reporte del comité de apropiaciones, especificó un monto total de 244 millones de dólares en asistencia a México, en el año fiscal 2013. Incluidos 45 millones para desarrollo de actividades económicas en la frontera y 199 millones para reformar instituciones nacionales, estatales, locales y judiciales y fuerzas de seguridad en su cooperación en el combate contra el crimen organizado.

México respondió en un comunicado que está comprometido con el respeto de los derec