Crece lista de gobernadores investigados
El exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, ingresó hoy a una prisión de La Paz con el número tres de la lista de ex mandatarios estatales encarcelados en el país y el caso número 19 de los ejecutivos locales investigados en los últimos años por actividades ilícitas: ya por corrupción o peculado; por vínculos con el crimen organizado o encubrimiento.
Narciso Agúndez, exgobernador de Baja California Sur, es acusado de vender terrenos por debajo de su precio real en Cabo San Lucas. Crédito: AP
MÉXICO, D.F. – El exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, ingresó hoy a una prisión de La Paz con el número tres de la lista de ex mandatarios estatales encarcelados en el país y el caso número 19 de los ejecutivos locales investigados en los últimos años por actividades ilícitas: ya por corrupción o peculado; por vínculos con el crimen organizado o encubrimiento.
En los más recientes casos, Agúndez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pusieron de cabeza a los candidatos presidenciales que se deslindaron de “cualquier vínculo con los acusados”.
“El partido se deslinda, no está para defender a nadie y sí para exigir la aplicación de justicia”, dijo Enrique Peña Nieto, aspirante de la coalición Compromiso con México, sobre Yarringtón.
Sobre Agúndez, el candidato de la alianza Movimiento Progresista, afirmó que “desde 2006 a la fecha ha ido como unas 20 veces a Baja California Sur y nunca lo vi porque él no quería verme”.
Agúndez es acusado por la procuraduría local de vender siete terrenos de una zona residencial en el turístico Cabo San Lucas a un valor 20 veces menor al real y Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), investigado por la fiscalía del estado de Texas de tejer una presunta red de corrupción para beneficiarse del lavado de dinero del cártel del Golfo.
Desde 1997 a la fecha, 15 gobernadores del PRI, dos del Partido Acción Nacional (PAN) y dos del PRD han sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), fiscalías locales o internacionales, la Secretaría de Hacienda o la Agencia Federal Antidrogas (DEA).
Entre los priístas se han relacionado al crimen organizado los ex gobernadores de Sonora Manlio Fabio Beltrones (1991-1997) y Eduardo Bours (2003-2009); de Nuevo León, Natividad González (2003-2009); de Tamaulipas, además de Yarrington, Manuel Cabazos Lerma (1993- 1999) y Eugenio Hernández (2005-2011); de Sinaloa, Mario López Valdés (2011) y de Veracruz, Fidel Herrera.
Dos panistas fueron rastreados por narcotráfico, ambos de Morelos: Sergio Estrada Cajigal (2000-2004) y Marco Antonio Adame (2006-2012); uno del PRD: Leonel Godoy, en Michoacán (2005-2011), como parte de las investigaciones que vincularon a su hermano Julio César Godoy con la organización criminal La Familia.
Por posible enriquecimiento ilícito: Arturo Montiel, quien gobernó el Estado de México de 1999 a 2005 y Mario Marín, ex mandatario de Puebla (2005-2011).
Sólo tres mandatarios de la larga lista están en prisión: el recién ingresado Agúndez, el ex mandatario chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía (PRI), para quien la procuraduría estatal pide 30 años de prisión por desviar recursos del erario público por alrededor de 20 millones de dólares, parte de ellos, destinados a la reconstrucción del estado por el huracán Stan.
También Mario Villanueva, en la prisión federal de Almoloya de Juárez, condenado a 30 años por permitir el ingreso y trasiego de cocaína desde Colombia por el estado de Quintana Roo que gobernó entre 1993 y 1999 y desde donde lavó, según un fiscal de Nueva York, cerca de 19 millones de dólares.
El priísta Villanueva recuperó recientemente las propiedades que las autoridades le confiscaron en 1999 y se sumó así a otro caso más en el cual la PGR no logró probar vínculos de la clase política con el crimen organizado, un problema que según analistas, está relacionado con la falta de democracia en los estados.
“A nivel local no hay frenos ni contrapesos”, observó Kremvirg Puente, investigador legislativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. “En el caso de los estados, los gobernadores no han permitido a los congresos que todavía controlan hacer ministerios públicos, órganos de fiscalización e instituciones de transparencia independientes, todavía dependen del Ejecutivo y éste no va a permitir que se investigue a sí mismo”, observó.
“El Ministerio Público Federal encuentra poco apoyo para sus investigaciones en los estados y eso vuelve muy complicado encontrar pruebas”, dijo el analista político Jorge Zepeda.
En la lista de los ex gobernadores acusados se encuentran hoy exitosos legisladores (Beltrones) o que aspiran serlo (Cabazos); hay miembros del consejo político de sus partidos (Herrera), un hermano de mandatario actual (Moreira).
También empresarios como Bours, cuya compañía Bachoco fue investigada en 2007 porque el Ejército encontró que en cinco de sus camiones transportaba droga escondida entre pollos y huevos, mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas.
