Alan García defendió limpieza en mandato

LIMA, Perú (EFE).- El expresidente peruano Alan García defendió ayer la limpieza de su última gestión presidencial (2006-2011) ante una Comisión del Congreso de la República que investiga si hubo corrupción en la remodelación de unos centros escolares.

Tal como establece el reglamento del Congreso, la sesión, que duró poco más de tres horas, fue a puerta cerrada, pero el mismo García, quien fue presidente también de 1985 a 1990, informó a la salida de lo tratado y dijo sentir “satisfacción democrática” por haber comparecido ante la comisión investigadora.

El caso tiene que ver con al menos 47 grandes escuelas que se construyeron en todo Perú en la década de los años 50 y que fueron modernizadas durante el gobierno de García con una inversión de 1.500 millones de soles (unos 550 millones de dólares).

Según el borrador de un informe preliminar de la comisión difundido por medios locales hace dos semanas, hay indicios de que en la remodelación de los colegios pueden haberse cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y omisión de funciones.

Uno de las cosas que se investigan es si los presupuestos fueron hinchados y si hubo irregularidades en la concesión de las obras a empresas privadas de manera directa gracias a un decreto de urgencia.

El decreto que permitió la remodelación de los llamados “colegios emblemáticos” fue “absolutamente legal y constitucional”, subrayó hoy tajante el expresidente, del Partido Aprista Peruano.

Además de García, se investiga a los exministros José Chang, Yehude Simon, Pedro Sánchez y Luis Carranza, según ha anunciado el presidente de la comisión, el oficialista Sergio Tejada.

García, que hoy lució sereno y muy confiado, aunque no admitió preguntas, dijo que acudió al llamado de la comisión investigadora porque era su “deber democrático” y que tiene “plena confianza” en los actos y las obras que se hicieron en su gobierno.

“De manera que no me siento ofendido ni maltratado, sino que considero que es un deber democrático que todos los gobernantes deberían cumplir”, indicó.

El exmandatario dijo que defendió la legalidad de la autorización que dio para que se ejecuten las obras y señaló que si ésto no fuera cierto, “al día siguiente el Congreso pudo derogarla y el Tribunal Constitucional declararla inconstitucional”.

“En este caso ninguno de los medios de control intervino y por consiguiente debemos entender que se juzgó suficientemente válido el decreto”, acotó.

García también aseguró que la decisión de hacer grandes obras con fondos públicos se tomó para frenar el impacto de la crisis financiera internacional, ya que “en ese momento el mundo vivía una situación gravísima”.

“Se hubieran perdido por lo menos 250 mil puestos de trabajo y se logró compensar la caída de la inversión privada en 2009 […] cuando todo el mundo retrocedió y disminuyó su producción, Perú creció un 1 %”, resaltó.

El exgobernante sostuvo, asimismo, que “hasta el momento” no conoce “ni se ha probado que alguna de las empresas (contratadas para estas obras) haya beneficiado a algún funcionario o ministro” de su Gobierno.

García señaló que hoy ofreció a los congresistas información sobre sus ingresos económicos y aseguró que “después de haber sido dos veces presidente” de su país no necesita “de un centavo, [porque] un sitio en la historia es lo más valioso”.

“Entré [al gobierno] con tres inmuebles, no tengo ninguno en este momento, pero tengo la satisfacción de haber ayudado a mi país a salir de la crisis que hoy afecta a España y otros países”, dijo.

El exgobernante desafió a la comisión a que lo investigue y lo acuse “de lo que sea”, pero pidió que “si se descubre que eso no es cierto, que los que acusaron renuncien públicamente”.

En 1990, tras haber entregado al poder a Alberto Fujimori, García fue acusado de enriquecimiento ilícito y fue despojado de la inmunidad parlamentaria que tenía como senador vitalicio, pero la Corte Suprema, sin embargo, no encontró suficientes pruebas para juzgarle, por lo que fue exculpado y volvió a ocupar su escaño.

Tras el “autogolpe” de estado de Fujimori en 1992 abandonó el país y estando en el exilio se le abrieron dos procesos en Perú por enriquecimiento ilícito y corrupción, que él atribuyó a un “complot” del Gobierno fujimorista.

En enero de 2001, tras el escándalo de corrupción que puso fin a la presidencia de Fujimori, la Corte Suprema de Justicia, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró prescritos los dos procesos que se seguían contra él y levantó las órdenes de captura consiguientes, lo que posibilitó su regreso.

Ganó las elecciones del año 2006 y asumió como presidente de nuevo en julio de ese año.