Muerte de campesino sube presión sobre ley de protección contra calor
Máximo López murió el viernes luego de trabajar en el campo bajo una temperatura que rebasó los 100 grados Farenheit.
Los Ángeles (EFE).- La Unión de Campesinos (UFW, en inglés) ha intensificado su campaña de presión para que se apruebe una ley que permitiría demandar a los empleadores que no cumplan con las normas de protección a los campesinos, tras la muerte de un trabajador a causa del exceso de calor.
El sindicato confirmó hoy la muerte del trabajador Máximo López Barajas, quien falleció el viernes en el Centro Médico Regional Coalinga, en el Valle Central de California, tras sufrir un colapso mientras trabajaba en la poda de un sembrado de granados, bajo una temperatura que sobrepasó los 100 grados Fahrenheit.
UFW intensificó su campaña “Sed de Justicia” para apoyar la medida AB 2346, actualmente en estudio en la Asamblea, que busca “asegurar que el agua y las sombra se ofrezcan a los trabajadores campesinos de California y castigar más severamente su incumplimiento responsabilizando también a los cultivadores de las enfermedades causadas por el exceso de calor”.
El proyecto de ley “de Seguridad de los Trabajadores Campesinos 2012” (AB 2346), presentado por la asambleísta demócrata de Los Ángeles Betsy Butler, busca que el incumplimiento de las regulaciones de protección del calor sean castigadas.
Según asegura la UFW, al menos 16 campesinos han muerto por el calor en los campos de cultivo desde 2005, cuando California estableció la primera regulación para protegerlos del exceso de calor, lo que muestra que las regulaciones no se están haciendo cumplir.
El sindicato informó que en el verano de 2011 presentaron más de 75 quejas sobre enfermedades serias producidas por exceso de calor, pero la División de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Relaciones Industriales de California (Cal/OSHA, en inglés) sólo emitió citaciones en tres de esos casos.
“No solo eso, cuando Cal/OSHA encuentra violaciones a las regulaciones, los reportes muestran que el estado con frecuencia no emite citaciones y no regresa a revisar y asegurarse de que las violaciones han sido corregidas”, denunció el sindicato.