Una ley para aprobar
El pasado martes, el Comité de Seguridad Pública del Senado estatal en Sacramento escuchó el testimonio de Blanza Pérez, una paletera detenida el año pasado en el Valle de San Fernando por una infracción menor que terminó en proceso de deportación debido al programa Comunidades Seguras.
Pérez testificó a favor de un proyecto de ley, presentado por el asambleísta de San Francisto Tom Ammiano (D-13) que propone limitar el efecto del programa a extranjeros convictos de un delito. El comité dio su aprobación y el proyecto ahora debe seguir su curso en el senado y la asamblea estatal.
El programa Comunidades Seguras fue iniciado bajo el Gobierno de George W. Bush pero no fue sino hasta que Obama asumió la presidencia en 2009 que comenzó a aplicarse y a expandirse aceleradamente, con el objetivo de estar en todo el país para 2013.
Ese objetivo ya casi es realidad, pero las cifras revelan que ha sido utilizado, en siete de cada 10 ocasiones, para deportar a personas que no han cometido delitos o tienen infracciones menores, como Blanca Pérez.
El proyecto de Ammiano busca crear protecciones contra el uso de perfil racial en arrestos de indocumentados y para evitar la aplicación de este programa contra víctimas de la delincuencia. Ammiano también pretende crear un mecanismo para que los condados no tengan que entregar a indocumentados que no hayan sido convictos de un delito a las autoridades federales.
Como el programa funciona al meter las huellas digitales de los fichados en una base de datos que va al Gobierno federal, y este argumenta que el compartir estos datos es obligatorio, Ammiano y su proyecto argumentan que las jurisdicciones locales no están obligadas a cumplir con todos los llamados “detainers” de inmigración.
Es decir, a retener en la cárcel por 48 horas a personas que el Gobierno federal identifica como indocumentadas, aún cuando no hayan sido convictas o acusadas de un delito.
Apoyamos la intención de esta medida, que es la de evitar que las policías locales tomen el lugar de agentes de inmigración, destruyendo toda confianza en las comunidades inmigrantes de reportar delitos, comprometiendo la seguridad pública.
No obstante es posible que esta medida, aunque se apruebe, termine siendo debatida en los tribunales si el Gobierno federal argumenta que es incompatible con las leyes del país y que los policías locales estarían obstruyendo las mismas al aplicarla.