Acusan a Holder de desacato
La Cámara de Representantes votó a favor de la medida.
WASHINGTON, D.C.- Por un voto partidista de 23 contra 17, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes votó a favor del desacato en contra del Procurador General, Eric Holder, relacionado con el caso Rápido y Furioso. Esta es la primera vez que se ejecuta una medida similar contra una figura de este calibre, en ejercicio de este cargo.
El comité debatió tres enmiendas, opuestas al desacato y una a favor, antes de inclinarse por el voto final, cerca de las 4PM, luego de una extenuante jornada, que se inició a las 10 AM.
En una inesperada declaración, la familia del agente Brian Terry -asesinado en México por miembros de los cárteles, con un arma producto del trasiego ilegal del polémico operativo- respaldó el voto. “El rechazo de Holder a emitir los documentos y la extensión del privilegio ejecutivo, le niega la verdad a la familia Terry y al pueblo estadounidense [… ]Hemos pedido justicia por 18 meses y los documentos deben ser entregados”, especificó la declaración.
Ayer, el presidente del comité Darrell Issa (D-CA) se reunió con Holder para negociar y eludir el desacato, pero no hubo acuerdo.
“Sí recibimos los documentos, los evaluaremos y veremos si son suficientes. Estamos desilusionados de que hasta ahora no hayan entregado nuevos documentos”, dijo Issa por la mañana.
“Quiero que quede claro que nos importa la familia de Brian Terry y queremos llegar al fondo de esto, pero me rehuso a creer que la gente trató de cubrir evidencia. Es fácil para nosotros sentarnos y juzgar al Procurador General, quien trata de proteger a 300 millones de personas. Él está actuando de buena fe y creo que debemos cooperar con él”, enfatizó el demócrata de más alto rango en el comité, Elijah Cummings (D-MD).
Desde 2010 el Congreso ha indagado sobre la Operación Rápido y Furioso, una táctica de trasiego ilegal de cerca de 2,000 armas -utilizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) en 2009-, las que luego se extraviaron.
Holder ha estado en el centro de las críticas, sobre todo respecto a cuándo se enteró de la operación, qué hizo y el nivel de responsabilidad que le atañe por su ejecución.
Hasta ahora, el gobierno ha revisado 140,000 documentos relacionados con el caso, de los cuales se han entregado 7,600 al Comité de Supervisión.
Holder aseguró a la prensa que el Departamento de Justicia había ofrecido una sesión informativa y la entrega de más documentos para resolver la acusación de desacato.
Por la mañana, el presidente Barack Obama le otorgó “privilegio ejecutivo” a los documentos relacionados con el polémico operativo.
Este permite no responder, bajo ciertas circunstancias, a una orden de cumplimiento forzoso (subpoena), uno de los poderes más agudos de la rama legislativa, para presionar al ejecutivo, una facultad que se utiliza sólo en casos excepcionales.