Comienza escrutinio para el fiscal Holder

Ahora al Departamento de Justicia le toca responder, sostiene un líder republicano

La Casa Blanca, por su parte, salió a defender con fuerza el uso del "privilegio ejecutivo", además de la gestión de Holder.

La Casa Blanca, por su parte, salió a defender con fuerza el uso del "privilegio ejecutivo", además de la gestión de Holder. Crédito: AP

WASHINGTON, D. C.- El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-OH) aseguró ayer que la próxima semana se efectuará el voto final para acusar de desacato al Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder. El proceso lo podría llevar ahora a los tribunales.

El líder republicano fue claro. “A menos que obtengamos los documentos que se están demandando sobre la operación ‘Rápido y Furioso’, proseguiremos con el voto”, comentó en una conferencia de prensa. Boehner ademá se dijo preocupado por la intervención de la Casa Blanca en el asunto.

Ayer, la Administración otorgó el “privilegio ejecutivo” a los documentos relacionados con la operación. Este permite no responder bajo ciertas circunstancias a una orden de cumplimiento forzoso (subpoena), que fue invocada en este caso.

“Hasta ahora estábamos preocupados sobre la intervención del Departamento de Justicia en este tema. No entendemos porqué la Casa Blanca decidió intervenir de esta manera”, agregó el líder republicano.

El privilegio ejecutivo no salvará a Holder de enfrentarse a las cortes del Distrito de Columbia si el proceso sigue su curso regular y la Cámara Baja aprueba el voto.

La Casa Blanca, por su parte, salió a defender con fuerza el uso del “privilegio ejecutivo”, además de la gestión de Holder. “El presidente tiene plena confianza en el procurador general”, dijo el secretario de prensa, Jay Carney, en una conferencia de prensa.

Cuestionado respecto al tipo de documentos que se están tratando de proteger, el vocero del Gobierno enfatizó que la decisión no fue tomada por el tipo de documentos, sino por sus implicaciones, además de la necesidad de mantener su independencia frente al Congreso.

“Esta es una cuestión de principios. Hemos sido claros, la operación usó una táctica que se originó en la oficina local, que era errada y tuvo consecuencias terribles”, agregó.

“Esto se trata de política. No es sobre un esfuerzo para encontrar la verdad en un tema serio, lo que se concentraría en la táctica usada en esta operación, cómo se originó y las consecuencias de utilizarla […] En este punto, los intereses de los republicanos en la Cámara de Representantes, han sido usar esto políticamente”, agregó.

Desde 2010 el Congreso ha indagado sobre la Operación “Rápido y Furioso”, una táctica de trasiego ilegal de cerca de dos mil armas -utilizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) en 2009-, las que luego se extraviaron.

Holder ha estado en el centro de las críticas, sobre todo respecto a cuándo se enteró de la operación, qué hizo y el nivel de responsabilidad que le atañe por su ejecución.

Hasta ahora, el Gobierno ha revisado 140 mil documentos relacionados con el caso, de los cuales se han entregado siete mil 600 al comité de supervisión.

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