Gobierno: Arizona no ejercerá control de inmigración
Dejar intacta la provisión que permite a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de un detenido, ha “dejado la puerta abierta” para más acciones legales
Autoridades del ICE. Crédito: Antonieta Cádiz
Washington, D.C.- En un veredicto dividido, la Corte Suprema revirtió provisiones claves de la legislación hoy, pero mantuvo la sección 2B. La Administración revocó el programa 287g en la zona y dijo que no realizará arrestos extraordinarios.
La sección 2B es uno de los elementos más polémicos de SB1070, ya que permite a la policía, revisar papeles, si sospecha que la persona es indocumentada.
Expertos legales en inmigración, prevén que la sección 2B entrará en vigor en algunas semanas.
Sin embargo, el Departamento de Justicia, especificó que la sección 2 no es una licencia para ejecutar perfil racial.
“Monitorearemos de cerca el impacto de SB 1070 para que cumplan con la ley federal, con derechos civiles aplicables. Incluyendo que las agencias de seguridad y otros, no implementen la legislación de una manera que tenga como propósito discriminar a los latinos”, declaró el Procurador General, Eric Holder.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especificó que no realizarán arrestos relacionados a inmigración, que no correspondan a las prioridades de control vigentes para el gobierno, es decir personas que han cometido delitos graves y atenten contra la seguridad nacional.
“No emitiremos órdenes de detención, a menos que cumplan con nuestras prioridades. No esperamos que en número de aprehensiones físicas aumente”, detalló un alto funcionario de DHS.
El gobierno anunció que cancelaría los siete memorandos de entendimiento con el estado de Arizona, para la ejecución del programa 287g, donde se les delegaba la autoridad para el control de inmigración a las jurisdicciones. Desde principios de año, el gobierno ha debilitado este esfuerzo a nivel nacional, disminuyendo sus recursos disponibles.
Cerca de las 10:30AM el juez Anthony Kennedy, leyó el veredicto de la mayoría, donde se sumaron Stephen Breyer, John Roberts, Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor. En la minoría estuvieron Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito. Elena Kagan no participó en las deliberaciones del caso.
Así, la Corte Suprema declaró como inconstitucionales, la mayoría de las provisiones debatidas en la ley de Arizona. Entre ellas convertir en un crimen estatal el hecho de no tener papeles; prohibir a los indocumentados aplicar a empleos en Arizona y darle autoridad a la policía arrestar a alguien, sin una orden judicial, si creen que ha cometido un delito que pueda llevar a la deportación, incluso cuando puede haber sido ocurrido en otro estado.
En cuanto a la sección 2B, el tribunal especificó que no está claro si la aplicación de la sección 2B interfiere con la ley de inmigración. Asimismo, dijo que el veredicto no obstruye futuros debates y desafíos legales sobre SB1070.
En abril de 2011, la corte de apelaciones del Noveno Circuito determinó que las cuatro provisiones, se contraponían o afectaban, el control de inmigración establecido por la ley federal. Este fue el principal argumento del gobierno para debatir SB 1070 en el máximo tribunal.
