Arizona espera la decisión

WASHINGTON, D.C.- “Esta no es una decisión fácil”. Ese fue el mensaje que transmitió la jueza de la Corte Federal de Phoenix, Susan Bolton, al analizar la polémica sección 2(B) de la ley SB1070 de Arizona.

Un poco más de una hora se demoró la audiencia, donde un grupo de organizaciones exigió a la magistrado que mantuviera bloqueada la medida. Entre ellos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC); La Red de Jornaleros (NDLON); el Centro Legal Asiático Pacífico Americano (AAJC) y la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP).

La sección 2(B) autoriza a la policía, a preguntar por papeles de identificación, si existe una sospecha razonable, de que la persona es indocumentada. Líderes de derechos civiles la califican como un instrumento discriminatorio, que llevará al perfil racial contra hispanos.

Ayer, Bolton examinó también la provisión relacionada con la asistencia y transporte de inmigrantes indocumentados.

En junio pasado, la Corte Suprema declaró como inconstitucionales, la mayoría de las secciones debatidas en SB1070, excepto 2(B). El tribunal dejó abierta la puerta a futuros debates sobre su legitimidad, bajo el alero de la Constitución. Desde que la ley fue promulgada en abril de 2010, la jueza Bolton ha lidiado con sus repercusiones, pero ayer, dejó claro que la decisión no es simple. Aunque muchos esperaban un pronunciamiento inmediato, ahora habrá que esperar algunos días.

Durante la audiencia, Bolton cuestionó a ambas partes. En el caso de las organizaciones de derechos civiles, se mostró escéptica frente a la veracidad de artículos de prensa presentados como evidencia. A su vez, se preguntó si existe una posibilidad real de implementar la sección 2(B) sin considerar la raza.

Linton Joaquin, consejero general de NILC, aseguró que durante la audiencia se “mostró mucha evidencia de que los policías aplicarán la ley para detener personas, prolongando la detención de manera inconstitucional”.

“No se pueden sacar muchas conclusiones a partir de lo que la jueza pregunta en los argumentos orales, pero creo que hasta ahora todo marcha bien. Presentamos un caso fuerte. Estamos esperanzados”, agregó.

“La audiencia marchó bien. Fue la primera vez que una coalición de derechos civiles representando a los demandantes, tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa argumentos sobre perfil racial y detención ilegal. Creemos que presentamos evidencia substancial que muestra que la raza, fue un factor que motivó la aprobación de SB1070 y que los oficiales de policía ya están involucrados en detenciones ilegales, incluso antes que la sección 2(B) entre en efecto”, comentó Alessandra Soler, directora ejecutiva de la oficina de ACLU en Phoenix.

Por parte de los demandantes, los argumentos fueron expuestos por Karen Tumlin, abogada de NILC. El estado de Arizona estuvo representado por el abogado John Bouma, quien insistió en que no existe evidencia de que la policía ejecutará la sección 2(B) de una manera discriminatoria.

Desde que se anunció el fallo de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia, aclaró que estarán monitoreando lo que ocurre en la zona, si esta provisión de la ley llega a ser implementada.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha especificado que no realizarán arrestos relacionados a inmigración, que no correspondan a las prioridades de control vigentes para el gobierno, es decir personas que han cometido delitos graves y atenten contra la seguridad nacional.

Por lo pronto, sólo queda aguardar por el fallo de Bolton, que se espera se difundido en un plazo breve.