documentarÁn casos de perfil racial
PHOENIX, Arizona.- Más de dos años después de que fue promulgada, la parte más controvertida de la histórica ley de inmigración de Arizona ha entrado en vigencia tras el fallo de la juez Susan Bolton.
Con esto se abre un campo minado en el ámbito jurídico a través del cual debe navegar ahora el gobierno de Arizona cuando empiece a aplicar la controversial disposición.
La cláusula, una de las pocas significativas que el alto tribunal mantuvo en un veredicto en junio, requiere que todos los policías de Arizona verifiquen la situación migratoria de las personas que detengan cuando apliquen otras leyes y sospechen que no tienen permiso para estar en Estados Unidos.
Sin embargo, aunque preservó ese requisito, el máximo tribunal dejó explícitamente abierta la puerta a discusiones de que la ley conduce a la violación de derechos civiles. Los abogados necesitarán que las víctimas demuestren esa situación.
Lydia Guzmán, que dirige el grupo Respect/Respeto, dijo que los voluntarios de su central telefónica tienen instrucciones de atender las quejas que se presenten cuando se empiece a aplicar esa disposición.
“Estamos atentos y en espera de casos”, declaró la directora del grupo, que está radicado en Phoenix y da seguimiento a los casos de encasillamiento racial.
La juez federal de distrito Susan Bolton rechazó los argumentos de los abogados que le pidieron que evitara la vigencia de la cláusula. Bolton señaló que la Corte Suprema había considerado que debía permitirse la promulgación de esa medida.
La policía de Arizona estaba, en términos formales, entrenada para la instrumentación de la ley poco después de que la gobernadora Jan Brewer la convirtió en legislación en 2010. Los jefes de algunas de las fuerzas policiales más grandes del estado, como los de Phoenix y Tucson y la comisaría del condado de Pima, criticaron la ley, pero al final dijeron que obedecerían las partes que las cortes determinaran que se apegan a la Constitución.
“Nosotros hacemos respetar leyes aprobadas por nuestros legisladores”, precisó el sargento Tommy Thompson, vocero de la policía de Phoenix.
El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, que ha sido el jefe policial públicamente más agresivo en la persecución de los inmigrantes irregulares, dijo recientemente en una entrevista que sus agentes ya verifican la condición migratoria de sospechosos con los que se topan. Arpaio, que apoya la ley, anticipó que no espera nada nuevo salvo un aumento en el número de las demandas.
El autor de la legislación, el ex senador estatal Russell Pearce, dijo que no prevé cambios drásticos en la policía local una vez que empiece a aplicarse la disposición.
“No estoy pidiendo redadas, sino que se ponga atención y se haga nuestro trabajo”, afirmó. “No es que queramos gente en la cárcel. Queremos que se cumpla la ley”.
El profesor de derecho Peter Spiro, de la Universidad de Temple y que ha seguido el conflicto legal de dos años, advirtió que Arizona seguirá en un difícil embrollo jurídico.
