Reforma laboral en México incluye a migrantes

MÉXICO, D.F.– Los mexicanos que emigren para trabajar con contratos temporales serán beneficiados con la Reforma Laboral que actualmente se discute en el congreso: de ser aprobada, obligaría a las empresas contratantes o firmas intermediarias, a cumplir condiciones previamente establecidas en un contrato.

Desde Estados Unidos, cada año son ocupados alrededor de 130,000 mexicanos a través de las visas H2B y H2A para trabajo de campo, obreros y oficios. Sin embargo las leyes y reglamentos actuales en México son poco claros respecto al reclutamiento y protección laboral.

Sin un convenio bilateral sobre trabajo temporal entre ambos países desde 1964 (cuando concluyó el programa Bracero), los asalariados son víctimas de fraudes, extorsiones y hasta de trata de personas por parte de las compañías encargadas del reclutamiento en México y algunos patrones en Estados Unidos.

Organizaciones civiles calculan que anualmente se comenten alrededor de 41,000 delitos relacionados a la tramitación de de la visa para trabajo temporal en la Unión Americana.

Los cambios contemplados por la Reforma Laboral en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo obligan al empresario contratante a cubrir con los gastos de repatriación, otorgar una “vivienda decorosa” e “higiénica” y a aclarar la forma en que se le otorgará al trabajador la atención médica.

Exige también la indemnización para el empleado en caso de que no se cumplan las condiciones laborales establecidas en el contrato.

Todos los contratos con el fin de emplear a mexicanos en el extranjero deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Si el patrón no cuenta con un establecimiento permanente o domicilio fiscal en México, se fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En el caso de las agencias de colocación, se busca obligarlas a cerciorarse de la veracidad de las condiciones del trabajo que ofrece el empleador, así como de las circunstancias de vivienda, seguridad social y repatriación de los trabajadores.

“Deberán ser dignas y no implicar discriminación”, detalla.

Se les compromete además a verificar que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad migratoria del país donde prestará el servicio

También a “informar” a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o consulados mexicanos y “autoridades competentes” a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino.

Si los empleados son engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, serán las intermediarias las responsables de sufragar los gastos de repatriación.

“Ahora hay más obligaciones para los contratantes y el proceso reclutamiento parece más vigilado”, observó Alejandra Acheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asociación civil que defiende los derechos de trabajadores migrantes. “El reto es que se cumplan estas obligaciones”.

El principal obstáculo en México para ver cumplidas sus disposiciones legales, es la desinformación de la población. “Es necesario que se hagan campañas”.

Otras carencias que observa la activista para la nueva disposición son: un registro nacional de trabajadores temporales hacia el extranjero y la falta de presupuesto para inspeccionar el cumplimiento de las normatividades.

Humberto Salinas, abogado de Desarrollo Social Sin Fronteras, con sede en Monterrey (norte), lamentó que la Reforma Laboral sólo hable de empresas de colocación para trabajo temporal. “Hay un hueco legal que excluye la libertad de los trabajadores migrantes para asociarse a un sindicato y hacer un contrato colectivo”, dijo. “Tampoco se habla de organizaciones civiles que pueden apoyar la tramitación”.